El TSJCV confirma que se están revisando, de oficio o a instancias de parte, por solicitudes de los propios condenados, más de cien sentencias por delitos contra la libertad sexual.
El tribunal argumenta que adoptó medidas para minimizar los riesgos y dictaminan que no existe un 'incumplimiento culpable' en su obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores.
La exvicepresidenta del Consell debía declarar el próximo 6 de julio, pero al perder la condición de aforada, la causa volverá al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
La Sala considera que acceder a las pretensiones de los recurrentes, que cuestionan el cierre del interior de los establecimientos, supondría una “perturbación grave para los intereses generales”.
En este caso, el tribunal no aprecia circunstancias de especial urgencia para no oír a la Generalitat antes de pronunciarse, por lo que acuerda dar curso a la medida cautelar instada por el trámite ordinario.