Captaban a sus clientes a través de una plataforma online de anuncios de índole sexual, para después, extorsionarlos bajo amenaza de difundir información personal.
Un empresa alicantina financió la operación, presuntamente, mientras que otra empresa ‘pantalla’, establecida en Fuerteventura, facilitó cobertura legal para la expedición de las mercancías.
Soler insiste en la aprobación de medidas transitorias hasta la entrada en vigor del nuevo sistema que equipare a las regiones infra financiadas con la media nacional.