Llegaban a cobrar entre 6.000 y 8.000 euros a extranjeros irregulares para facilitarles contratos y poder regularizar su situación administrativa en España.
Algunos de los detenidos, que residían en viviendas ocupadas en la pedanía pachequera de Lo Ferro, habían generado problemas de inseguridad entre los vecinos, creando alarma social.
El grupo criminal se habría apoderado físicamente del dinero estafado por medio de transferencias bancarias o por reintegros en cajeros de salones de juegos en la provincia de Alicante y Murcia.
El campo alicantino, murciano y almeriense en contra de los recortes de agua desde el Tajo que estiman matan a la huerta de Europa y perjudican a La Mancha