La Diputación de Alicante ha rechazado la última sentencia del Tribunal Supremo que avala los caudales ecológicos del río Tajo y ha advertido de sus consecuencias para la provincia. La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha lamentado que el fallo supone “un nuevo varapalo a los intereses económicos, sociales y medioambientales de la provincia de Alicante y del conjunto del sureste español”.
Serna ha criticado que la resolución “ratifica la política hídrica del Gobierno de España que resulta nefasta para nuestro territorio” y ha sostenido que deja el trasvase Tajo-Segura “al borde de la desaparición”, al advertir de un posible recorte del 50%.
La responsable provincial ha reclamado al Gobierno central “altura de miras” y le ha pedido que apueste por “el diálogo y el consenso” antes de adoptar decisiones que, según ha señalado, condenan a buena parte del territorio español.
La Diputación mantiene su apoyo a los regantes
La vicepresidenta ha destacado el trabajo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) “para tratar de frenar el atropello que supone para esta provincia reducir el trasvase”. En esta línea, ha asegurado que la Diputación de Alicante, ahora también alineada con la Generalitat Valenciana, seguirá al lado de los regantes para defender sus intereses.
Aunque Serna ha admitido que desde el punto de vista jurídico “se nos han cerrado prácticamente todas las puertas”, ha insistido en que la institución provincial continuará defendiendo el trasvase “en todos los ámbitos donde sea posible”.
“Esta provincia no va a ceder ni un ápice en la defensa del agua que merecemos”, ha afirmado.
Advertencia sobre el impacto en Alicante
La diputada de Ciclo Hídrico ha recordado que los regantes llevan años alertando de las consecuencias de la reducción progresiva de los caudales transferidos. Según ha denunciado, el Gobierno de España “continúe avanzando en una hoja de ruta que sólo nos va a traer desierto y pobreza al Levante español”.
Serna ha advertido de que, si se consuma la reducción del trasvase, la provincia afrontaría la destrucción de miles de hectáreas de regadío, la pérdida de millones de árboles y un impacto sobre más de 100.000 empleos directos e indirectos vinculados al sector.
Por ello, ha exigido al Gobierno central que abandone “cualquier planteamiento ideológico en materia hídrica” y adopte decisiones basadas en criterios “técnicos, científicos y de solidaridad territorial”, al defender que “el agua no puede convertirse en una herramienta de confrontación política”.
