El gobierno municipal de Alicante ha evitado aclarar de forma concluyente si dio instrucciones al vicesecretario del Pleno, Germán Pascual, para que se retiraran nombres y cargos del informe sobre posibles conflictos de intereses en la adjudicación de viviendas protegidas de Les Naus. El vicealcalde, portavoz municipal y presidente de la comisión municipal sobre el caso, Manuel Villar, ha remitido la cuestión al juzgado y ha sostenido que, si la jueza lo cita, «lo que tenga que decir el vicesecretario lo dirá allí».
La controversia parte de unos correos incorporados a la causa en los que se alude a la modificación del informe inicial elaborado desde Patrimonio. En ese borrador preliminar sí habrían figurado nombres y cargos de personas vinculadas al Ayuntamiento que adquirieron viviendas en Les Naus, mientras que la versión final habría quedado sin esas referencias. En una de esas comunicaciones, la jefa de Patrimonio habría indicado que «el informe inicial lo estamos modificando, ese irá sin nombres ni cargos, tal cual me pediste».
La pregunta directa al gobierno municipal
Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Villar ha sido preguntado por si esa posible petición al área de Patrimonio respondía a alguna instrucción del equipo de gobierno o si fue una decisión adoptada por el propio vicesecretario dentro de su labor administrativa.
El vicealcalde ha evitado entrar en el fondo del asunto al considerar que forma parte de un procedimiento judicial. «No es una cuestión que tengamos que valorar», ha afirmado. Según ha señalado, será la jueza quien decida si acepta o no la petición de declaración y, en caso afirmativo, el vicesecretario responderá en sede judicial.
«Si es citado acudirá y en función de lo que le pregunten contestará lo que tenga que contestar», ha indicado Villar. En esa misma línea, ha insistido en que no va a responder por Germán Pascual: «No seré yo quien conteste por el vicesecretario».
El portavoz municipal también ha sido preguntado de forma más concreta por si el equipo de gobierno dio órdenes al vicesecretario para que pidiera a la jefa de Patrimonio retirar nombres del informe preliminar. Villar ha respondido que «no me consta a mí que se se haya dado automáticamente ningún tipo de instrucción» en ese sentido.
Acto seguido, se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por el alcalde, Luis Barcala, en un pleno anterior. «Creo que fue bastante claro lo que el alcalde dijo aquel día, lo que hizo, lo que supo y lo que se le había comentado», ha señalado. Después, ha cerrado esa cuestión con otra frase: «De ahí no voy a decir más porque no puedo decir más».
Sin aclarar si Pascual actuó por iniciativa propia
La insistencia de los periodistas ha llevado la pregunta a otro plano: si el gobierno local interpreta que Germán Pascual actuó por iniciativa propia. Villar tampoco ha querido asumir esa lectura. «No voy a dar opiniones», ha respondido.
El vicealcalde ha añadido que no quiere convertirse en «un testigo de referencia» sobre una cuestión judicializada. De este modo, ha evitado pronunciarse sobre si la modificación del informe respondió a una instrucción política o a una decisión administrativa.
Los correos reclamados por la jueza
Villar también ha sido preguntado por los correos electrónicos reclamados por la jueza. La magistrada había pedido las comunicaciones remitidas por el Servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría General entre el 15 y el 31 de enero, ambos inclusive, junto a sus archivos adjuntos. Sin embargo, según ha denunciado el PSOE, personado como acusación popular, el Ayuntamiento solo habría incorporado a la causa los correos correspondientes al periodo comprendido entre el 26 y el 31 de enero.
El portavoz municipal ha defendido que el consistorio remitió los correos existentes dentro del plazo requerido y ha sostenido que había días sin comunicaciones. Según ha explicado, el Ayuntamiento trasladará al juzgado que no se enviaron mensajes de determinadas fechas porque, según esa versión, no constan correos en esos días. En su respuesta, Villar ha puesto como ejemplo que «del 15 al 18 no se le manda nada porque no hay nada».
El cargo de Pérez-Hickman sigue sin estar «encima de la mesa»
La rueda de prensa también ha abordado la situación de María Pérez-Hickman Muñoz, actual jefa del Servicio de Contratación. La pregunta se ha centrado en si el equipo de gobierno se replantea su continuidad tras los correos en los que, según publicaba Diario Inofrmación, habría urgido a Urbanismo a conceder la licencia de obra de la cooperativa cuando familiares suyos ya formaban parte de ella.
Villar ha rechazado valorar esos correos concretos y ha vuelto a remitir la cuestión al ámbito judicial y parlamentario. «Es una cuestión que tendrá que dilucidarlo quien tenga que dilucidarlo aquí, en las comisiones de Les Corts o en el juzgado», ha afirmado.
El vicealcalde ha defendido, no obstante, el perfil profesional de Pérez-Hickman. Según ha señalado, en cualquier procedimiento que lleva puede resultar «agobiante» para que los trámites se diligencien cuanto antes. «Que se interese por procedimientos a mí no me sorprende», ha añadido.
Preguntado expresamente por si el gobierno mantiene a Pérez-Hickman como jefa de Contratación, Villar ha evitado abrir ese debate. «Hablamos de un tema que no está encima de la mesa», ha concluido.
El PSOE pide que Pascual declare como testigo
El PSOE, personado como acusación popular en el caso, ha pedido a la jueza que cite como testigo a Germán Pascual, vicesecretario del Pleno y secretario municipal interino durante años. Los socialistas reclaman que explique su papel en las comunicaciones internas sobre el informe y en el expediente de averiguación de hechos abierto por el Ayuntamiento.
La petición también incluye que el consistorio aporte el contenido completo de los correos electrónicos intercambiados entre el 15 y el 31 de enero, con sus anexos, y que incorpore íntegramente el expediente interno elaborado tras estallar el caso de las viviendas protegidas de Les Naus.
