El Ayuntamiento de Alicante está valorando si acatar la sentencia judicial que insta a declarar la calle Castaños como ZAS -Zona Acústica Saturada- y adoptar medidas en un plazo de dos meses o recurrir esta decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante. Una acción que pospondría esta adopción de actuaciones hasta resolver la vía legal.
En cualquier caso, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, explica que la decisión de recurrir vendría motivada por la consideración del juez respecto a la «inacción» del Ayuntamiento para mitigar el ruido en la calle Castaños. No se discute, pues, el fondo de esta sentencia que trascendió el pasado 7 de mayo que es el derecho de los vecinos. «Hay algunas cuestiones de la sentencia que puede tener alguna repercusión para el Ayuntamiento en cuanto a la vulneración de derechos y demás con la que en principio no está muy de acuerdo» el equipo de Gobierno local.
Medidas hay varias encima de la mesa, ha añadido Villar, pero se comunicarán una vez estén concretadas. «Más que nada por ni generar alarma en un sector ni generar expectativas en los vecinos«. El objetivo es que las actuaciones que finalmente se emprendan sean «efectivas».
Se está estudiando también cuándo empiezan a contar los dos meses, que previsiblemente será desde la fecha de la aclaración solicitada por el Ayuntamiento al Juzgado -y ya contestada según fuentes informativas- a ciertas partes de la sentencia, ha indicado. En cualquier caso, aclara que «en cuanto se pueda aplicar, lo aplicaremos. Si se puede hacer alguna medida interesante antes, bien, pero no va a ser porque pasen los dos meses. No estamos en función de esta fecha, estamos en función de que las medidas se puedan hacer y que sean efectivas».
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista, ha reclamado conocer cuáles son las medidas que baraja el Ayuntamiento para acotar el ruido que provoca la aglomeración de personas en la calle Castaños, donde se concentran locales de ocio y restauración. Exige la comparecencia de Manuel Villar, como concejal de Medio Ambiente, en el próximo Pleno después de que el alcalde, Luis Barcala, «se haya negado» a convocar una sesión extraordinaria de la Comisión de Servicios (que engloba Medio Ambiente) para dar cuenta de las actuaciones que prevé adoptar el Ayuntamiento para ejecutar la sentencia.
«El gobierno del PP tiene que explicar cómo piensa afrontar la sentencia del ruido. Si no quieren comparecer en la comisión, deberán de hacerlo en el pleno. Tienen 2 meses para hacer lo que no han hecho en 5 años y lo harán obligados por los tribunales, no porque realmente quieran defender el derecho al descanso de los afectados”, ha valorado el concejal Raúl Ruiz.



