La Audiencia de Alicante ha condenado a un empresario de 42 años a seis meses de prisión y otra pena de multa durante seis meses, con una cuota diaria de 6 euros, por emplear de forma irregular a los diez trabajadores de su empresa, ninguno de los cuales estaba dado de alta en la Seguridad Social.
El acusado figuraba como titular de una mercantil dedicada a la construcción de edificios residenciales y a trabajos de albañilería. Ha admitido los hechos tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía al inicio del juicio, celebrado el pasado 22 de septiembre.
Inspección de Trabajo destapa la situación
El tribunal le ha considerado responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores. Por ese motivo, ha impuesto una pena de seis meses de privación de libertad. Sin embargo, la sala ha acordado suspender la pena de prisión, siempre que el procesado no vuelva a delinquir durante el periodo que se fije.
La contratación irregular se ha descubierto tras una visita de la Inspección de Trabajo realizada el 17 de mayo de 2024. Los funcionarios acudieron a una obra en la que intervenía la empresa del condenado.
En ese momento, los inspectores han constatado la presencia de al menos siete trabajadores de la compañía. Estaban descargando materiales de obra de una furgoneta, con la intención de comenzar la reforma de un domicilio particular.
Durante la actuación se ha comprobado que esos siete empleados y otros tres más, todos de nacionalidad colombiana, realizaban trabajos para la mercantil del acusado sin disponer de contrato laboral. Además, la empresa no abonaba las cuotas de cotización a la Seguridad Social por ninguno de ellos.
Según detalla la resolución judicial, esos diez empleados constituían la totalidad de la plantilla de la empresa del procesado. Es decir, no existían otros trabajadores dados de alta.
La sentencia también recuerda que el empresario ya había sido condenado con anterioridad por un delito de estafa. En ese procedimiento recibió una pena de catorce meses y dos días de prisión, lo que se ha tenido en cuenta como antecedente en la valoración global de su situación penal.
