La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha dictado un auto por el que acuerda el procesamiento del exconcejal de Partidas Rurales, Manuel Jiménez, y del exedil de Infraestructuras, José Ramón González, ambos del PP, por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
La jueza acuerda así la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado en la causa abierta en relación con las presuntas anomalías registradas en tres contratos concertados por las concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras sobre una misma plaza de la partida rural de La Alcoraya entre 2021 y 2022.
El auto, pendiente de previsibles recursos en el plazo de tres días, en reforma, o de cinco, en apelación ante la Audiencia, aboca a los cuatro investigados a la celebración de juicio después de que la instructora haya apreciado que concurren pruebas indiciarias suficientes del delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos apuntado en la denuncia que presentó el grupo municipal socialista a finales del mes de abril.
Esto ocurrió, justo después de que el exedil Jiménez compareciese en el pleno a petición propia para dar explicaciones sobre las contrataciones objeto de la polémica, antes de presentar su dimisión y renuncia al acta de concejal.
Para entonces ya había comunicado su decisión de no formar parte de la candidatura del PP para las elecciones del 28 de mayo -en la que se preveía que figurase en puestos de cabeza- con la intención de no perjudicar al partido.
El primero, por la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en la plaza de la partida rural, se adjudicó en julio de 2021 por 54.000 euros más IVA tras la convocatoria de un concurso.
El segundo se concertó en octubre de 2022 por 37.392,23 euros a través de un procedimiento negociado (con la petición directa de tres presupuestos a empresas propuestas por el ayuntamiento) para acometer la reparación de un escenario de la misma plaza.
Y, el tercero, por 36.677,50 euros más IVA, se adjudicó por el mismo procedimiento el 14 de diciembre de 2022 para la construcción y montaje de una pérgola también en ese espacio público.
Tras analizar los expedientes y tomar declaración a los investigados y a una decena de testigos, la instructora estima que existen indicios suficientes de dicho fraccionamiento, al concluir que “hubo una omisión del procedimiento correspondiente“, en alusión a la necesidad de que se hubiese impulsado un concurso único global.
Así, destaca que, “en atención a la cuantía en la suscripción de los contratos, fraccionándose sus importes en varias actuaciones, ajustadas al límite cuantitativo del contrato menor“.
Sea como fuere, el auto apunta que “dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público en lugar de contrato menor, dándose un fraccionamiento de contratos” y que “se concertaron directamente por el acuerdo de los concejales de Infraestructuras y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante con el acuerdo y firma de sus respectivos jefes de Servicio”.
De hecho, el auto prevé el procesamiento de esos dos técnicos municipales que también figuraban como investigados mientras resuelve el sobreseimiento libre para un tercer técnico, adscrito a Infraestructuras, y para el representante de la empresa que construyó la pérgola, compañía que había realizado trabajos de reforma en el domicilio del exconcejal Jiménez a mediados de 2021, según refleja el auto.
El auto de procesamiento es provisional e impugnable mediante la interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días, o de apelación, en este caso, ante la Audiencia Provincial, en el margen de cinco días desde su notificación.
