La destitución de César Sánchez del Consejo de la Autoridad Portuaria “es un error inadmisible”

Castillo: "solicitáramos, tanto al Gobierno de España como al Consell, su restitución inmediata"

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El portavoz del Gobierno Provincial, Carlos Castillo, ha calificado de “error inadmisible” el hecho de que el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, haya sido cesado como miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, un órgano en el que, según ha recordado Castillo, “la Diputación de Alicante ha tenido una presencia histórica porque en él se deciden asuntos de interés para nuestro territorio”.

“Desde la Diputación de Alicante consideramos inadmisible este hecho que supone un nuevo ataque del Gobierno de Ximo Puig, en connivencia con el de Pedro Sánchez, a la autonomía local y a la máxima autoridad de nuestra provincia”, ha apostillado el vicepresidente, quien ha trasladado la intención de la institución “de reclamar la readmisión de César Sánchez en el Consejo de forma inmediata”.

“No vamos a consentir ni un solo ataque más a los intereses de nuestra provincia, ni vamos a permitir que los asuntos que competen no solo a la ciudad de Alicante sino a todo nuestro territorio se decidan desde Valencia o Madrid”, ha recalcado en clara alusión a los continuos ataques y menosprecios del Consell a la Diputación de Alicante, que según Castillo, pretenden “debilitarla y mermarla económica, institucional y políticamente”.

Según el portavoz, “es una muestra más de la actitud de nulo diálogo que profesa el Gobierno Valenciano, de la escasa integración y del poco talante que demuestra y de la exclusión provincial que quiere ejercer sobre la Diputación. No lo va a conseguir y ni vamos a permitir que se dé la espalda a los alicantinos”.

En este sentido, Castillo cree que “si la decisión que se ha tomado tiene que ver con el propósito, cada vez más evidente, de Ximo Puig, de desactivar y desmantelar toda palanca que actúe en beneficio de los intereses de la provincia se sigue equivocando con la Diputación de Alicante, con su equipo de Gobierno y con el presidente de la institución”.

Al respecto ha recalcado que el máximo deber de la Diputación es el respaldo y la defensa de los intereses de la provincia conforme a la legalidad, que se efectúa no solo con la gestión de un gobierno y con las votaciones de un pleno que tiene legitimidad para tomar decisiones, sino también con la presencia activa, desde el punto de vista institucional, en ámbitos de decisión tan relevantes como el Consejo de la Autoridad Portuaria.

“Pedimos una rectificación urgente, tanto al Gobierno de España como al de la Generalitat Valenciana, ante esta decisión inaudita”, ha apostillado Castillo quien ha solicitado a ambas administraciones que “recapaciten, reconsideren su decisión y antepongan el respeto y la consideración mínima a nivel institucional y la presencia de la provincia en la medida en que lo que está en juego cada vez que se activa un expediente en el Consejo de Administración tiene que ver con los intereses de los diferentes puertos del litoral de la provincia y son cuestiones que nos afectan como territorio”.