La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que la aceptación social de la prostitución en la Comunitat Valenciana ha caído 9 puntos en solo un año ya que, si en 2021, el 37 % de la ciudadanía consideraba que el fenómeno era aceptable en términos morales, este porcentaje se reduce al 28 %, lo cual supone “un halo de esperanza porque se puede apreciar un cambio de mentalidad”.
Así se ha expresado la titular de Justicia del Consell en la presentación, este miércoles, de un nuevo estudio sobre la percepción social de la prostitución en la Comunitat Valenciana dirigido por el catedrático de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Centro Crimina de la institución académica, Fernando Miró.
Los investigadores del Centro Crimina ya realizaron, por encargo de la Conselleria de Justicia, el primer estudio sociológico sobre el grado de aceptación de la prostitución en la Comunitat Valenciana que fue presentado el año pasado en el marco de los trabajos del Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución impulsado por el departamento que dirige Gabriela Bravo.
El estudio reveló que la sociedad valenciana en el 2021 percibía como aceptable la prostitución en un 37,2 % independientemente del sexo de quien la ejerza.
En 2022, en cambio, el porcentaje de aceptabilidad se reduce al 28,1 %.
En cuanto a la inaceptabilidad moral de la prostitución el porcentaje en 2021 fue de 43,1 % y en 2022 de 52,5 %. En el 2021 el porcentaje de la muestra que no se posicionó al respecto fue del 20,1 % y en 2022 del 18,6 %.
Además, el sondeo ha demostrado que pagar por sexo es la conducta hacia la que más ha variado la actitud de la sociedad valenciana. El porcentaje de la población que considera aceptable moralmente pagar por sexo ha caído del 38 % en 2021 al 25 % en 2022, es decir, que en 2022 solo 1 de cada 4 habitantes de la comunidad considera moralmente aceptable pagar por sexo.
No obstante, pese a que la aceptabilidad moral de la prostitución ha disminuido en el último año, los hombres siguen aceptando en mayor medida el ejercicio de la prostitución que las mujeres (30,6 % en el caso de los hombres frente a un 25,7 en el caso de las mujeres).
En el año 2022 el grupo de entre 55 y 64 años (el 57,2 %) fue el que más rechazo mostraba hacia la prostitución, y el grupo de 45 a 54 años (37,8 %) el que más aceptabilidad manifestaba.
Eso sí, tal como sucedía el año pasado, existe un amplio rechazo social hacia cualquier forma de prostitución que implique explotación sexual, trata de seres humanos, la mediación de terceros o la pornografía en streaming. El rechazo hacia el proxenetismo coactivo continúa siendo casi unánime (el 99 % de las personas encuestadas).
La imagen sobre la mujer que considera que, si estas pudieran elegir, no ejercerían la prostitución es de un 55,20 % en el 2022. Con respecto al porcentaje de personas que considera que las mujeres no tienen control sobre como ejercen la prostitución en el 2022 es del 38,10 %. Respecto al porcentaje que considera que la dignidad de la mujer se ve dañada al prostituirse en 2022 el porcentaje es de 54,70 %.
Por tramos de edad, las personas con edades comprendidas entre los 45 y 54 años son las que mantienen unos niveles más altos de aceptación de la prostitución (del 42,5 % en 2021 al 37,8 en 2022) seguidas de las que tienen entre 18 y 25 años (que pasaron del 41,1 % al 30,6 %). Los más mayores se mantienen como los que menos aceptan el fenómeno pues pasaron de ser el 28,1 % al 18 %.
Estos datos, según la consellera, revelan que es posible “cambiar el imaginario colectivo para que la prostitución se reconozca como un atentado a la dignidad de las mujeres y a los derechos humanos”. Sin embargo, la consellera ha lamentado que sigue habiendo “un gran desconocimiento del problema”, por lo que ha abogado por seguir trabajando en el ámbito legislativo, educativo y social.
En este sentido, Gabriela Bravo ha explicado que en breve se aprobarán las modificaciones de la Ley de Espectáculos y la Ley de Carreteras “para aumentar nuestra capacidad sancionadora” a la vez que se seguirá concienciando “a los municipios de la importancia de aprobar ordenanzas abolicionistas”.
La estrategia valenciana abolicionista pasa, según ha asegurado la consellera, por sancionar y perseguir la demanda y proteger a las víctimas, con un plan integral para que puedan construir un proyecto de vida en el marco de la dignidad.
“Estamos trabajando por construir un mundo donde no haya un hombre que piense que pagando pueda hacer con el cuerpo de la mujer lo que quiera. Una sociedad decente no puede admitir bajo ningún concepto que el cuerpo de la mujer sea objeto de libre mercado, porque la dignidad de la mujer no puede estar en venta”, ha concluido Bravo.
