Más de 32.800 trabajadores en la provincia de Alicante tardan hasta 52 días más de lo necesario en recuperarse de una baja laboral por enfermedad o accidente no laboral, según los datos expuestos por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV Alicante) y la patronal de mutuas. Esta demora, según defienden, está directamente relacionada con la saturación del sistema sanitario público y la falta de intervención directa de las mutuas en estos procesos.
El impacto económico también es significativo. Solo en 2025, el coste de las bajas laborales en Alicante ha superado los 1.167 millones de euros, lo que supone un incremento del 130,55% en los últimos ocho años. Además, las mutuas estiman que el sistema ha generado un gasto innecesario de más de 113 millones de euros en la provincia.
En total, 716.203 trabajadores estaban protegidos por el sistema en Alicante durante 2025, un 17,53% más que en 2018. En ese mismo periodo, se han iniciado 223.216 procesos de baja, lo que supone un aumento del 81,92%, evidenciando una tendencia al alza en el número de incapacidades temporales.
El aumento del absentismo laboral
La incidencia media mensual de bajas por cada 1.000 trabajadores también ha crecido de forma notable. En Alicante se sitúa en 25,97 procesos, lo que representa un incremento del 54,77% en ocho años. En el conjunto de la Comunitat Valenciana alcanza los 27 procesos, mientras que en España sube hasta los 37,83.
Desde la patronal señalan que este incremento responde, en gran parte, a las bajas por contingencias comunes —aquellas no relacionadas con el trabajo—, especialmente en patologías traumatológicas, donde consideran que las mutuas podrían desempeñar un papel más activo.
En este sentido, sostienen que los trabajadores tratados por el sistema público de salud tardan más en recuperarse que aquellos atendidos por mutuas, lo que prolonga innecesariamente las bajas y repercute en la productividad empresarial.
Reclaman cambios en el sistema de gestión
El presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, ha afirmado que «estos datos nos sirven para entender por qué el absentismo por incapacidad temporal por contingencias comunes se ha convertido en un problema de primer orden». Según ha señalado, esta situación no solo afecta a la competitividad de las empresas, sino que también supone una carga relevante para las arcas públicas.
Quintanilla ha advertido además de que «estamos asistiendo a un agotamiento del sistema que requiere medidas urgentes», y ha defendido la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y agentes implicados, así como de aprovechar mejor los recursos de las mutuas para reducir los tiempos de recuperación.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Juan Roca Guillamón, ha subrayado el impacto de estas bajas en la economía, señalando que generan «una importante merma de la competitividad de las empresas» y dificultan la creación de empleo.
Propuestas para reducir las bajas laborales
Entre las medidas planteadas, las mutuas proponen poder asumir una gestión integral de las bajas por contingencias comunes, al menos en determinadas patologías como las traumatológicas, incluyendo la capacidad de dar el alta médica.
También plantean aumentar los recursos sanitarios, agilizar la homologación de profesionales extranjeros, mejorar la coordinación entre organismos y revisar aspectos del marco laboral relacionados con el absentismo.
Desde la administración autonómica, el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ, ha destacado que la reducción del absentismo requiere «una respuesta coordinada entre administraciones, empresas y agentes sociales», basada en la prevención y la mejora de las condiciones laborales.
