El Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a emprender acciones judiciales contra el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo central y a solicitar medidas cautelares de suspensión si lo considera necesario.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha explicado que esta decisión se adopta por el posible impacto del proceso sobre la organización y financiación de los servicios públicos, así como sobre la presión en materia de vivienda.
Según ha defendido el Consell, la política migratoria debe ejecutarse de forma «ordenada, legal y de conformidad con la capacidad de acogida».
Servicios públicos y vivienda
El Gobierno valenciano sostiene que el proceso puede afectar directamente a la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas, especialmente en la prestación de servicios esenciales.
Barrachina ha advertido de que el impacto económico es «desconocido» y ha apuntado a la ausencia de una memoria económica y de compensaciones suficientes para los territorios.
El portavoz ha señalado que la Generalitat busca evitar que nuevas obligaciones o necesidades de atención recaigan sobre las comunidades autónomas sin una financiación adecuada.
Una medida para garantizar la atención
Barrachina ha insistido en que la actuación judicial no responde a una cuestión ideológica, sino a la necesidad de preservar la calidad de los servicios públicos y asegurar una gestión sostenible.
«La política migratoria no puede hacerse al margen de la realidad de los territorios», ha afirmado, antes de defender que debe estar ajustada a la capacidad de acogida.
«El objetivo es proteger la calidad de los servicios públicos y garantizar que se pueda seguir atendiendo adecuadamente a todas las personas», ha concluido.
