Los ayuntamientos de Alicante reciben información sobre las ayudas para los municipios en riesgo de exclusión financiera

Los municipios podrán traspasar suelo o activos inmovilizados a la Generalitat para obtener liquidez destinada a sanear sus cuentas

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El director general de Administración Local, Toni Such, se ha reunido este viernes en la Casa de las Brujas de Alicante con representantes de los ayuntamientos de Daya Vieja, Monóvar, Novelda y Lorcha con el objetivo de informarles de las medidas contra la despoblación y el rescate de municipios con especiales dificultades financieras previstas en el plan aprobado el pasado 22 de marzo por el Consell.

El plan contempla una dotación de 240 millones hasta 2023 y se arbitra a través de un decreto ley que fue convalidado por la Diputación Permanente de Les Corts el pasado 10 de abril. La iniciativa busca ayudar a los 27 municipios de la Comunitat Valenciana que presentan una situación de riesgo de exclusión financiera.

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El director general de Administración Local, Toni Such, y el director territorial de Presidencia en Alicante, Esteban Vallejo, se han reunido con representantes de los ayuntamientos de la provincia de Alicante afectados. Such ha señalado que “se trata de explicar el plan que se ha previsto para cinco años y las ayudas que podrán recibir los municipios para rebajar el endeudamiento con el objetivo de que dejen de estar intervenidos y puedan tener unos presupuestos viables y unos servicios públicos de calidad”.

Medidas

El decreto contempla, entre otras medidas, la posibilidad de que estas localidades puedan traspasar suelo o activos inmovilizados a la Generalitat. Además, en el marco de los planes extraordinarios de saneamiento, podrá autorizarse nuevo endeudamiento a estas localidades.

El decreto ley también prevé la financiación del gasto corriente de las entidades locales que tengan especiales dificultades para la prestación de servicios públicos, así como la cofinanciación de la carga financiera de los municipios que tengan un nivel de deuda viva superior al 110% de sus ingresos corrientes liquidados.

Asimismo, se incluye la financiación de los déficits de explotación y amortización de instalaciones de carácter municipal, supramunicipal o que pertenezcan al sector público, que estén inmersas en un plan de saneamiento tutelado por el Estado que obligue a su equilibrio o cierre, o de entidades que hayan sido reconocidas como municipio de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación.

 

 

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