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Pandemia en las prisiones

Almudena Mora, doctora en la Prisión de Villena, recuerda que el COVID-19 también existe allí, además de agresiones continuas.

Es lícito pensar que las prisiones no existen, ni mucho menos las personas que las habitan. Algún que otro ciudadano puede imaginar dónde van los delincuentes, los condenados por la justicia o los despedazados por los medios; pero eso no les hace caer en la cuenta de la presencia de la estructura penitenciaria como tal.

Sería necesario que este sistema en el que vivimos hubiera sido capaz de hacer un ejercicio de reflexión: los prisioneros deben de
estar en algún sitio y los que se ocupan de ellos también.
Sin embargo, esto no se muestra a la gente, al igual que la efectividad de la muerte, el fracaso institucional o la deshumanización presente.
Para entender la realidad de la situación actual de la pandemia en los centros penitenciarios, es esencial establecer unos planteamientos previos.

La cárcel constituye un fenómeno de exclusión social, entendida como una experiencia que se construye desde aquellos que definen conceptos, marcan pautas y moderan conductas. Así vemos cómo en
la cotidianidad de las prisiones, es el poder de la Institución la que determina el bienestar de los organizadores, el abandono y la invisibilidad. De este modo, las prisiones por no existir no existen ni siquiera para sus dirigentes.


¿Cómo entonces iba afectar la pandemia a una institución que no existe?


Pues debo decir que las prisiones existen, con sus gentes para las cuales fueron creadas, con sus profesionales y con sus mandos. Y como existen, también están siendo objeto de este virus hambriento que intenta llegar hasta el último ser susceptible de ser atacado.
Estamos viendo como un organismo microscópico tiene el poder de derrocar nuestras vidas y nuestras muertes, y que esto es especialmente patente en las prisiones dado el número de patologías previas entre los internos y un déficit de personal sanitario del 50% de las plantillas.
Intuíamos que este virus amenazaría nuestro sistema, pero creo que no estábamos preparados para el desbordamiento que produjo. Los primeros meses de esta pandemia, en la que la mayoría de los gobiernos estaban desorientados y fuera de juego, las prisiones
decidieron cerrar sus puertas. Nadie excepto los trabajadores podían entrar y salir cada día. Se prohibió la entrada a los profesionales extrapenitenciarios y a los familiares de los internos. Se cancelaron juicios, consultas hospitalarias, salidas terapéuticas y permisos. Nos clausuraron más de lo que estábamos. Los medios de comunicación no nos nombraron ni una sola vez en esa primera oleada. Nadie pensó cómo ese espacio de reclusión y de confinamiento se las estaría apañando ahí dentro. Aún existíamos menos que antes, pero se consiguió que el virus no entrara o por lo menos no se pronunció.

Fueron meses difíciles para los que nos quedamos en este reducto. Los altercados y violencias tenían lugar cada día. Vivimos una escalada de agresividad como no se recordaba desde la época de los motines de los 80. Los enfermos mentales vieron peligrar su estabilidad y las disociaciones ponían en peligro sus vidas con intentos de suicidios cruentos. En los módulos más conflictivos no supieron entender el alcance de la pandemia, así como las medidas tomadas, por lo que se infringían graves autolesiones, poniendo en
peligro su vida y las de los trabajadores.
A diario sufríamos peleas, agresiones, insultos, amenazas, lanzamientos de objetos, celdas incendiadas e internos inmolados en su propio fuego. El trato de la Institución no fue mucho mejor en esos primeros momentos. No nos facilitaron mascarillas en muchas de las prisiones, ni herramientas para hacer frente a esta violencia mantenida. Nos sentíamos desorientados y veíamos como nos embestían los que debíamos de proteger y cómo nos abandonaban los que debían de velar por nuestra seguridad. Vimos cómo el centro penitenciario se configuraba como una institución social reproductora de poder que aplicaba un régimen disciplinario a funcionarios y a internos.
Una población de 100.000 personas entre personal e internos, repartidas en más de 80 centros estábamos en manos de ese poder. Para la Institución Penitenciaria teníamos la misma consideración que los internos y esto nos hacía vadear en una línea desdibujada
entre ellos y nosotros. Diría que pasamos a formar parte del mismo equipo, según las disposiciones externas. A ambos nos interesaba protegernos, ya que los demás nos habían demostrado que no lo harían. La cuestión era que los presos no nos incluían en su
categoría de iguales y arremetían contra nosotros toda la frustración generada por el sistema. Aun así, desde esta posición desigual, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para intentar mantener la situación al menos en un mínimo de equilibrio. Por el contrario, en
la segunda y en la tercera ola se confiaron y tardaron demasiado en volver a clausurar las prisiones. Se mantenían comunicaciones familiares e íntimas, conducciones, profesionales externos y permisos, aunque recomendaban cuarentenas al regreso, según lo que decidieran los directivos de cada centro.

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Cerraron cuando el virus ya estaba dentro. Y eso volvió a acelerar la escalada de agresividad y violencia. Debíamos seguir trabajando con profesionalidad con nuestros homónimos, a pesar de su ataque injustificado hacia nosotros, teníamos que apaciguar a los que
previamente nos identificaron como identidad grupal. Una nueva despersonalización se adueñó de nosotros y veíamos como nuestras condiciones laborales iban mermando a la par que el virus invadía nuestro entorno. Hemos escuchado en varias ocasiones cómo los
internos son lo primero para la Institución, antes que los trabajadores. Por supuesto, pero no caen en la cuenta de que si no hay personal suficiente y este está relegado a su suerte por la Institución, los débiles, como les gusta llamarlos en un intento de apabullar a los profesionales, no pueden ser atendidos como se merecen.


¿Cómo pueden pretender que funcione una estructura si una parte de ella está humillada, denigrada e identificada con la otra parte de la estructura? En algunos centros hasta el 70% de los internos estaban infectados. Era lógico suponer esta rápida expansión del virus, dadas sus prácticas habituales de compartir su cotidianidad más íntima. Y, de esos centros, algunos no contaban ni con un solo médico. El protocolo de prevención de riesgos laborales no es adecuado a la realidad de las prisiones y no están realizando PCR al funcionariado, quedando a la voluntad de la Sanidad Pública que se hagan. La Mutua no realiza medidas de prevención ni controles de casos. Según una instrucción de la SGIP no es obligatorio el uso de mascarillas, salvo situaciones excepcionales. Nos preguntamos donde radica esa excepcionalidad. Debemos pagarnos las pruebas diagnósticas ante la negativa de Instituciones Penitenciarias, al no considerarnos contacto estrecho. Cuando se media en una pelea, cuando se revisan las pertenencias, cuando llaman por teléfono en la misma cabina del funcionario y cuando se realizan los recuentos se producen contactos estrechos, ya que la mayoría de los internos no se ponen mascarilla ni mantienen la distancia de seguridad. Todo el oscurantismo de tantos años de cara al exterior, se convierte ahora en la necesidad de desplazar su responsabilidad poniendo en manos de la sanidad exterior lo que sería su obligación: velar por la salud de los internos y de sus trabajadores.

Salvo honrosas excepciones esta ha sido la tónica general en la mayoría de los centros. A pesar de ello, los trabajadores penitenciarios seguimos día a día intentando hacer comprender a la Institución que no somos sus enemigos, si no más bien sus colaboradores para mantener un equilibrio en nuestros reductos confinados.

Almudena Mora, doctora en la Prisión de Villena y miembro de la Asociación TAMPM Prisiones

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