El Tribunal Supremo ha decidido mantener en vigor la regularización extraordinaria de migrantes en España y ha rechazado elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ni suspender cautelarmente el real decreto del 14 de abril que ha puesto en marcha este proceso.
La Sala Tercera del alto tribunal planteó el 30 de junio a las partes la posibilidad de formular una cuestión prejudicial interpretativa ante el TJUE. El objetivo era aclarar varios aspectos del real decreto que podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE.
Finalmente, tras analizar las alegaciones, el Supremo ha concluido que no resulta pertinente plantear esa cuestión en este momento procesal. La decisión se ha conocido de forma adelantada, a la espera del contenido detallado de los autos en los próximos días.
La resolución implica también rechazar la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución del real decreto impugnado. Esta petición la habían formulado la Comunitat Valenciana y Aragón, los dos gobiernos autonómicos que han recurrido la regularización extraordinaria.
Interés público en la regularización
Sobre la suspensión, la Sala se remite a los argumentos ya expuestos el pasado mes de mayo. Entonces defendió que existe un ‘interés público notorio’ en la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno.
El tribunal subrayó que esta medida afecta a un ‘sustrato humano‘ y ‘trasciende a la mera consideración económica‘. Estos elementos figuran entre los motivos que han llevado al Supremo a no frenar la entrada en vigor del real decreto.
En su momento, el Supremo pidió a las partes que se pronunciaran sobre la posible incompatibilidad de la regularización con el Convenio Schengen. También con el reglamento europeo en materia de migración y con el Tratado de la UE.
La cuestión se centraba en si un Estado miembro puede adoptar, mediante una norma reglamentaria de rango infralegal, una regularización de carácter masivo sin coordinación previa con los demás socios europeos.
Posturas enfrentadas entre Estado y autonomías
La Abogacía del Estado se ha opuesto a acudir a la justicia europea y ha defendido que se trata de una ‘competencia nacional’. Además, ha considerado que la remisión prejudicial ‘se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros’ que a la necesidad real de aclarar si la regularización es compatible con el derecho de la UE.
Por el contrario, la Generalitat Valenciana ha advertido de que la regularización puede afectar no solo a España, sino ‘al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia’. Ha señalado en particular los posibles efectos sobre asilo, retorno y circulación Schengen.
El Gobierno de Aragón, por su parte, ha defendido la existencia de una ‘infracción o colisión de la normativa estatal con el derecho comunitario’. A su juicio, este conflicto justificaba acudir al TJUE y acordar también la suspensión del real decreto.
Según ha informado el alto tribunal, en ninguna de las dos cuestiones rechazadas este miércoles se han formulado otros planteamientos discrepantes por parte de las partes personadas en el procedimiento.
