Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante ha acompañado a 2.469 personas durante el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España. La entidad ha facilitado certificados de vulnerabilidad y ha ofrecido información, orientación y apoyo a personas migrantes que han querido acogerse a esta medida.
El cierre del plazo ha puesto de relieve, según Cáritas, el esfuerzo realizado por profesionales y voluntariado en toda la diócesis. La institución subraya que este trabajo ha permitido que miles de personas puedan avanzar hacia una situación administrativa más estable y desarrollar su proyecto de vida con mayores garantías.
Regularización extraordinaria en Alicante
La atención se ha prestado desde distintos puntos de la diócesis, con espacios habilitados para informar, resolver dudas, revisar documentación y emitir los certificados necesarios. La respuesta ha llegado a personas residentes en prácticamente toda la provincia de Alicante, con especial incidencia en las principales áreas urbanas.
Alicante ha concentrado la mayor parte de las atenciones, seguida de Elche, Elda y otros municipios de las distintas comarcas del territorio diocesano. Entre las personas atendidas predominan las de origen colombiano y argelino, aunque también han acudido personas procedentes de América Latina, el norte de África y otros países.
Desde la entidad señalan que muchas personas conocieron el servicio a través de familiares, amistades, conocidos o entidades sociales. Cáritas interpreta este dato como una muestra de la importancia de las redes comunitarias y de la confianza que muchas personas migrantes depositan en sus servicios de orientación.
La organización sostiene que la irregularidad administrativa constituye uno de los principales factores de exclusión social. Según advierte, esta situación dificulta el acceso a derechos básicos, limita las oportunidades de integración y mantiene a muchas personas en una situación de inseguridad y vulnerabilidad.
Más recursos públicos para personas migrantes
Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante considera que el proceso extraordinario ha evidenciado la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones públicas, organizaciones sociales y comunidad. La entidad defiende que los retos sociales complejos requieren respuestas coordinadas y recursos suficientes.
Durante los últimos meses, muchas personas han encontrado dificultades para acceder a información, obtener documentación o completar trámites. Ante esta realidad, las organizaciones sociales han asumido un papel clave de orientación y acompañamiento.
La entidad también señala que la respuesta de las administraciones locales ha sido desigual. Según Cáritas, algunos ayuntamientos han facilitado documentación, recursos y procedimientos, mientras que en otros casos las personas han tenido más dificultades para completar los trámites.
Por ello, la institución reclama una mayor implicación pública para garantizar el acceso efectivo a derechos. Cáritas recuerda que la labor de las organizaciones sociales resulta imprescindible, pero debe ser complementaria a la acción de las administraciones, responsables últimas de asegurar la atención a todas las personas.
Al mismo tiempo, la entidad reconoce el esfuerzo de los ayuntamientos que han colaborado activamente durante este proceso. Según destaca, esa implicación ha contribuido a agilizar procedimientos y a acercar respuestas a quienes más las necesitaban.
