Casi 1,2 millones de personas migrantes han pedido regularizar su situación en España dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno, que ha sumado 1.174.978 solicitudes en todo el país. De ellas, 167.000 proceden de la Comunitat Valenciana y más de 608.000 ya se han admitido a trámite, lo que ha supuesto la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar.
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la mayoría de las personas que han presentado la solicitud proceden de América Central y América del Sur. Este grupo concentra el 67 % del total de peticiones registradas en estas semanas.
Colombia se ha situado como el principal país de origen de los solicitantes, al aglutinar el 26 % de las solicitudes presentadas. A continuación figuran Marruecos, con el 13,4 %, Venezuela, con el 11,7 %, y Perú, con el 8,8 % de las peticiones, lo que refleja el peso de los flujos migratorios latinoamericanos y del norte de África en la regularización.
Por territorios, Cataluña encabeza el número de solicitudes, con más de 257.000 registradas. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 202.000, la Comunitat Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000 solicitudes. Estas cifras muestran que la mayor parte de las peticiones se concentra en las regiones con más población y mayor presencia de residentes extranjeros.
En un mensaje de vídeo remitido a los medios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado el alcance social de esta regularización extraordinaria. Según ha subrayado, la medida va a permitir que ‘cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza’.
La titular de Inclusión ha defendido además los resultados del procedimiento. Saiz ha afirmado que ‘estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos’. Con estas palabras ha querido poner en valor el esfuerzo de las administraciones y de las organizaciones implicadas en la tramitación.
Origen y condiciones de la regularización
El proceso de regularización extraordinaria ha tenido su origen en una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas. Sin embargo, la propuesta quedó bloqueada en la Cámara Baja por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Ante esta situación, el Gobierno ha optado por aprobar la medida mediante un real decreto, lo que ha permitido ponerla en marcha sin esperar a un nuevo consenso político.
El plazo para presentar solicitudes ha estado abierto desde el pasado 16 de abril hasta el martes 30 de junio. Durante este periodo, las personas interesadas han podido reunir la documentación necesaria y formalizar su petición, pese a las dificultades administrativas detectadas por diversas entidades.
Organizaciones sociales y formaciones políticas como Sumar o Podemos han reclamado una ampliación del plazo. Consideran que el tiempo habilitado no ha sido suficiente debido a las trabas burocráticas encontradas por muchos migrantes para recopilar papeles o conseguir cita previa.
La norma ha fijado unos requisitos concretos para poder acogerse a la regularización. Han podido solicitarla las personas migrantes que estuvieran viviendo en España de forma irregular desde antes del pasado 1 de enero y que llevaran al menos cinco meses residiendo en el país. También se ha permitido la solicitud a quienes hubieran pedido asilo antes de esa misma fecha.
En todos los casos, la condición imprescindible ha sido carecer de antecedentes penales. Este límite pretende garantizar que la autorización temporal de residencia y trabajo se dirija a personas integradas en la sociedad y sin cuentas pendientes con la justicia.
A partir de la admisión a trámite, las personas beneficiarias obtienen una primera autorización limitada, que abre la puerta a trabajar de forma legal y a acceder a derechos básicos ligados a la residencia regular. Para muchos solicitantes, este paso supone el final de años de vida irregular y precariedad administrativa, y el inicio de un proceso de integración más estable en España.
