El proceso extraordinario de regularización centra el debate institucional en la Comunitat Valenciana. La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha reunido a entidades colaboradoras para hacer seguimiento de su aplicación, mientras el Consell ha cuestionado la medida y ha advertido de su posible impacto en servicios como sanidad, educación, vivienda y atención social.
El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de entidades sociales, organizaciones, profesionales y asociaciones de vecinos implicadas en el acompañamiento a las personas solicitantes. El encuentro ha servido para revisar el desarrollo del procedimiento, reforzar la coordinación y compartir las principales cuestiones detectadas en los primeros días de aplicación.
Durante la reunión, la Subdelegación ha puesto en valor el papel de las entidades colaboradoras, que están asesorando a las personas interesadas y facilitando su acceso al procedimiento. Asimismo, las asociaciones han trasladado su agradecimiento al Gobierno por una medida que, según han defendido, supone una oportunidad para mejorar la situación administrativa de personas que ya viven y trabajan en la provincia.
Coordinación con entidades sociales en Alicante
Pineda ha destacado que «la colaboración entre instituciones y entidades está siendo clave para garantizar que este proceso se desarrolle con normalidad, de forma ágil y accesible». En este sentido, ha recordado que el procedimiento cuenta con una red de atención presencial y telemática, además de la implicación de numerosas entidades colaboradoras.
Desde la Subdelegación del Gobierno se continuará trabajando con los actores implicados para asegurar el correcto desarrollo del proceso y su llegada a todas las personas que puedan beneficiarse. El objetivo, según se ha trasladado durante el encuentro, es mantener una atención coordinada y resolver las dudas que puedan surgir durante la tramitación.
La valoración del Gobierno central contrasta con la posición expresada por el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, tras el pleno del Consell celebrado este lunes en Villajoyosa. Barrachina ha afirmado que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes sin estar vinculado a una oferta de empleo «está resultando un caos».
Críticas del Consell por la falta de memoria económica
El portavoz del Ejecutivo valenciano ha acusado al Gobierno de España de aplicar este proceso sin una memoria económica previa. A su juicio, se trata de una regularización «masivo que va a tener evidentemente un impacto en los servicios sanitarios, educativos, sociales y sobre la vivienda en la Comunitat Valenciana, que van a tener que costear los valencianos».
Barrachina ha respondido también a las declaraciones del síndic de Vox, José María Llanos, quien ha señalado que su grupo adoptará las medidas necesarias para frenar el proceso. Sobre esa posición, el portavoz del Consell ha manifestado su «respeto absoluto».
El representante del Gobierno valenciano ha añadido que los valencianos son los ciudadanos «con peor financiación del Estado». Por ello, ha señalado que al Consell le habría gustado que este proceso de regularización hubiera estado «vinculado al empleo» y que contara con una memoria económica en la que «se hubiesen estimado previamente» sus consecuencias.
