UGT, CCOO y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) coinciden en señalar la vivienda, el empleo y las infraestructuras como algunos de los principales retos que afronta la provincia de Alicante. Sindicatos y patronal plantearon también demandas relacionadas con la formación, los servicios públicos, la inversión y la transformación tecnológica.
Las organizaciones expusieron sus diagnósticos durante una sesión del Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante, presidida por la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna. La reunión permitió confrontar las prioridades de los representantes de los trabajadores y del tejido empresarial.
UGT y CCOO valoraron los niveles de empleo alcanzados en la provincia, pero mostraron su preocupación por su calidad y por la brecha entre los salarios y el coste de la vida. Según los datos expuestos, el salario medio se sitúa por debajo de los 19.500 euros, mientras la vivienda puede absorber entre un 60 % y un 70 % del sueldo en determinados casos.
Los sindicatos calificaron el acceso a la vivienda como una «emergencia social y laboral». Entre sus propuestas figuran reforzar las inspecciones de viviendas turísticas y ampliar los parques de vivienda social y asequible. Estas reivindicaciones se suman a otras iniciativas sindicales recientes sobre salarios y acceso a la vivienda.
Transporte, industria y servicios públicos
UGT y CCOO reclamaron además una migración regular, una transición digital justa y un mayor impulso a la reindustrialización de Alicante. También defendieron mejoras en los servicios públicos y una fiscalidad que consideran más justa.
Las infraestructuras ocupan otro lugar central en sus demandas. Los sindicatos consideran «irrenunciables» la variante de Torrellano, el Tren de la Costa, el Corredor Mediterráneo y la modernización de las Cercanías Alicante-Murcia. La movilidad tiene además una relación directa con el mercado laboral, como refleja la falta de transporte público para acceder a algunos polígonos industriales de Alicante.
Entre sus propuestas concretas también figura la creación de una comisión específica de vivienda y servicios sociales, además de una auditoría de los fondos vinculados al Contrato Programa en los ayuntamientos.
Por su parte, la CEV expuso el diagnóstico sectorial del tejido empresarial alicantino elaborado a finales de 2025. El estudio analiza actividades como la agricultura, las energías renovables, la construcción, el comercio, la hostelería, el turismo, la logística, el transporte, la innovación, la digitalización y la industria.
La patronal considera que Alicante cuenta con «una provincia con una base productiva sólida», aunque advierte de varios obstáculos comunes a numerosos sectores. Entre ellos señala la escasez de personal cualificado, el incremento de los costes de materias primas, energía y trabajo, la burocracia y la falta de inversión pública.
CEV también advierte de las dificultades que encuentran muchas empresas para afrontar la transición digital y verde. Entre sus prioridades sitúa un plan de empleo y FP Dual, vivienda asequible en las zonas tensionadas, una programación inversora plurianual, menos burocracia, crédito para las pymes y una colaboración público-privada estable.
Sindicatos y empresarios comparten además algunas reivindicaciones sobre infraestructuras. La patronal reclama avances en el Corredor Mediterráneo, las conexiones con el puerto, el aeropuerto y los polígonos industriales, el trasvase Tajo-Segura, la red eléctrica y las medidas de protección frente a las DANAs.
La CEV plantea asimismo crear una mesa provincial junto a sindicatos y administraciones para analizar el absentismo y la productividad. A ello suma un hub provincial de simbiosis industrial y medidas para incrementar la presencia de mujeres en las carreras STEM.
Tanto sindicatos como patronal reclamaron finalmente que el Consejo Económico y Social celebre reuniones con mayor periodicidad. Ana Serna asumió el compromiso de incrementar la frecuencia de estos encuentros.
