La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha evidenciado esta mañana, en la sesión plenaria del Claustro, su preocupación por la escasez del presupuesto asignado por la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2023.
Navarro, que actualmente ejerce como presidenta portavoz de turno de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, CRUPV, ha explicado que “se trata de una problemática común a las cinco universidades” pero cuyo principal hándicap “deriva de la falta de una consignación suficiente para afrontar el pago al personal”.
Se trata de una carencia que ronda el 6’5% y que cifra, en el caso de la Universidad de Alicante, en torno a los 16 millones de euros. La rectora ha insistido en que “este incremento se deriva de la aplicación de las normativas estatales y autonómicas vigentes, así como al crecimiento vegetativo de su personal”. Una cuestión que la Generalitat Valenciana, en cambio, sí ha tenido en cuenta en la consignación presupuestaria de su personal.
Pese a su preocupación, Amparo Navarro se ha mostrado “esperanzada” en que el Consell haga los ajustes pertinentes que den viabilidad a los presupuestos del próximo ejercicio, ya que tanto el conseller de Hacienda, Arcadi España, como la titular de Universidades, Josefina Bueno, son conocedores del desajuste y “se han comprometido a estudiar la cuestión con la sensibilidad que se merece”.
Mientras, tanto la Gerencia como el Vicerrectorado de Planificación Económica continúan con el proceso de elaboración del proyecto de presupuestos de la UA para 2023, aunque la rectora ha confesado que se está retrasando el cierre a la espera de que el Consell se pronuncie en relación a la asignación económica.
El problema de la financiación universitaria es un tema recurrente que desde hace años se pospone a través del pago anual de la deuda histórica acumulada, unos ingresos extraordinarios que se han convertido en esenciales para cuadrar las cuentas corrientes cada año. No obstante, tanto Navarro como el resto de universidades públicas valencianas se han mostrado comprensivos ante la complicada situación económica con una inflación disparada y unos costes energéticos desorbitados.
“Entiendo que es una situación coyuntural que afecta de un modo global, no solo a las universidades, por lo que no podemos pedir más esfuerzo inversor”, asegura, “pero que se nos garantice el pago al personal”. En este sentido ha reiterado que se va a continuar en la línea de contención de gasto, adoptando medidas que favorezcan el ahorro energético y centrando gran parte de la inversión en infraestructuras que aminoren los costes energéticos y favorezcan el autoabastecimiento.
Además de presupuesto, durante la sesión, Amparo Navarro ha aprovechado su informe de gestión para hacer un repaso de la memoria de actividades de centros, unidades y servicios de la Universidad.
Defensor Universitario
Otro de los puntos del día en la sesión del claustro ha sido la lectura del informe del defensor universitario a cargo de Pedro Femenía, correspondiente a las actividades y actuaciones realizadas entre septiembre de 2021 y agosto de 2022.
Femenía ha felicitado a su predecesora, Cecilia Gómez, “por su compromiso y excelente gestión en el traspaso de competencias”. El defensor universitario ha detallado que durante este periodo se han abierto 162 expedientes, sólo 16 de ellos relativos a quejas. Se trata, en la mayor parte de los casos, de consultas con temáticas de tipo administrativo, evaluación y organización de la actividad docente y todos ellos han sido tramitados con éxito.
