TAMPM ha denunciado, coincidiendo con la festividad de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, ayer día 24 de septiembre, un nuevo recorte en la asistencia sanitaria de la prisión de Villena. El sindicato asegura que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido reducir de dos a uno los efectivos de enfermería de guardia que atienden a los cerca de 1.100 internos del centro.
El colectivo enmarca esta decisión en una situación sanitaria que ya considera muy deteriorada. Según expone TAMPM, la prisión tiene actualmente cubierto «un sólo puesto de médico de los 7 que componen la relación de puestos de trabajo de facultativos», por lo que advierte de que la reducción de personal de enfermería se suma a una falta previa de médicos.
El único facultativo que trabaja actualmente en el centro presta servicio a través de una empresa externa y tiene una jornada de 12 horas semanales. El sindicato añade que a este profesional «le queda una semana para finalizar su contrato» y señala que algunos días de servicio se están cubriendo mediante telemedicina.
Ante este escenario, TAMPM critica que la Secretaría General haya decidido «dar otra vuelta de tuerca» a la situación y limitar a uno los enfermeros disponibles durante las guardias. La organización considera especialmente preocupante que un solo profesional deba asumir la atención sanitaria de una población penitenciaria de alrededor de 1.100 personas.
Según detalla el sindicato, ese único enfermero tendrá que ocuparse simultáneamente de las urgencias y las consultas, los ingresos procedentes de libertad, la administración de medicación y los programas de salud, entre ellos los relacionados con el VIH. También deberá atender las analíticas médicas o solicitadas por los juzgados, gestionar documentación sanitaria y coordinarse con hospitales, laboratorios, ortopedia y otros servicios.
TAMPM sostiene que la falta de facultativos y la reducción de las guardias de enfermería «pone en jaque la ya mermada asistencia sanitaria de los internos del centro». El sindicato considera que la acumulación de funciones sobre un único profesional puede dificultar la respuesta ante las distintas necesidades asistenciales que se producen durante una guardia.
Además, la organización advierte de que esta situación «puede suponer un incremento de la conflictividad y la agresividad de los internos». A juicio del sindicato, las consecuencias podrían repercutir tanto en la convivencia entre los propios presos como en su relación con los trabajadores penitenciarios.
