La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha pedido a la UE que tenga en cuenta las circunstancias específicas del sector nacional del calzado en el reglamento europeo contra la morosidad para evitar restar competitividad.
En un comunicado, FICE ha alertado de que la nueva normativa que tramita Bruselas contra la morosidad “dificultará todavía más” las cosas para empresas del calzado que ya están sufriendo desde 2022 las consecuencia de la Ley Crea y Crece, del Gobierno de España, que obliga a las empresas que quieran acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad, que establece en 30 días el plazo máximo de pagos (60 si hay acuerdo entre las partes).
Desde la patronal zapatera se insiste en que por su naturaleza exportadora, las firmas tienen más difícil que otros sectores cumplir con el periodo de pago de 30 días ya que por las transacciones internacionales muchas veces sus periodos medios de cobro también son muy elevados.
Por lo cual, reclaman un régimen especial para pymes exportadoras para no lastrar su competitividad internacional.
“La Ley Crea y Crece afecta a nuestra competitividad en un mercado global en el que para otros países no hay rigidez a la hora de establecer plazos de pago. Este requisito, de cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad para poder acceder a ayudas públicas que superen los 30.000 euros, deja fuera de estas subvenciones a una gran mayoría de empresas del sector”, ha asegurado la secretaria de FICE, Marián Cano.
Ha señalado que aunque el nuevo Reglamento de Morosidad propuesto por la Comisión Europea busca garantizar pagos oportunos y justos, “la realidad es que plantea desafíos significativos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector del calzado” y finalmente “resta competitividad”.
De esta manera, Cano ha denunciado que el nuevo reglamento europeo pone en serio peligro la viabilidad de las empresas del calzado y ha pedido que la normativa europea que se aprobará próximamente, además de ser “homogénea en todos los estados miembros” para competir en igualdad de oportunidades, sea flexible para atender a las necesidades de cada sector.
“Tenemos que luchar contra la morosidad, es decir los impagos, y la solución no pasa por acortar tan drásticamente los plazos ya que el pago medio en la actualidad está por encima de 80 días”, según la secretaria de FICE, un periodo muy alejado de los 30 días que podría marcar el Reglamento para acceder a ayudas públicas superiores a 30.000 euros.
Ha insistido en que la ley debe tener en cuenta las singularidades de la industria zapatera en aspectos como la preparación de colecciones, abastecimiento de materiales, fabricación, almacenamiento, envíos y plazo de cobro superan los ocho o nueve meses.
“Por otra parte, las empresas ya se están viendo afectadas por la caída del consumo y las exportaciones y quedar excluidas de importantes subvenciones gubernamentales afectaría a su capacidad para enfrentar los desafíos económicos”, ha argumentado.
Cano ha hecho hincapié en que las pymes del calzado, en muchos casos, se encuentran en situaciones financieras delicadas debido a la disminución de la demanda por la caída del consumo y el aumento de los costes laborales ante lo cual el plazo de 30 días propuesto va a resultar difícil de cumplir para estas firmas, que podrían no contar con la liquidez necesaria para garantizar pagos rápidos sin poner en riesgo su viabilidad económica.
El impacto de la nueva norma será mucho mayor para las medianas industrias, ya que la imposición de plazos de pago más cortos podría tener una sacudida desproporcionada en las mismas porque en muchos casos carecen de la infraestructura financiera y administrativa para adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos mientras que sí se podría favorecer a las grandes corporaciones con recursos significativos.
