Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admitir a trámite el recurso presentado por Unides Podem-EUPV contra la ordenanza de convivencia cívica de Alicante, los colectivos sociales que impulsaron un manifiesto para exigir que no se pusiera en marcha piden nuevamente al Ayuntamiento que reflexione. Pendientes ahora del proceso legal, ya que el tribunal deberá dirimir ahora la suspensión cautelar solicitada por el grupo político en su recurso y que insta a la corporación a presentar expediente informativo en un plazo de nueve días. La corporación local también podrá presentar un recurso de reposición en cinco días desde el anuncio de este jueves por parte del TSJCV.
La llegada a tribunales de la ordenanza supone una nueva oportunidad para que el Ayuntamiento «dé marcha atrás» según los colectivos firmantes del manifiesto en contra de esta regulación que han pedido insistentemente su retirada. La nueva ordenanza aprobada el 15 de febrero multa con hasta 750 euros a personas que duermen en la calle.
Desde Cáritas Diocesana de Alicante, su secretario general Francisco Javier Ruvira reivindica esta petición al Ayuntamiento de dar marcha atrás y pide que haya «una apuesta fuerte por la intervención social» para las personas más vulnerables en las calles.
Por su parte, Mercedes Marqueño, portavoz de la Plataforma de Lucha contra la Pobreza de Alicante, promotora del manifiesto junto al Banco de Cuidados y el sindicato UGT-PV, se une a sus palabras. «Queremos que se retire». La Plataforma, integrada por 42 organizaciones sociales, vecinales, sindicales y parroquias, llevó elevó su queja también al Síndic de Greuges que la ha admitido a valoración.
Marqueño considera que la ordenanza no soluciona el problema y trata de invisibilizar la situación de las personas en las calles «Lo que hace es que (las personas sin techo) se vayan de un sitio a otro y a las mujeres prostitutas meterlas en pisos». La admisión a trámite por parte del TSJCV supone también una manera de hacer visible este tipo de ordenanzas que han estudiado en diferentes tipos del país. Explica que los ayuntamientos deberían escuchar a los profesionales que trabajan en atención social.
El tribunal debe decidir la suspensión cautelar de la ordenanza
El portavoz municipal de Unides Podem-EUPV, Xavier López, considera que “se abre la puerta a que se aclare en sede judicial, si tal y como sostiene nuestra denuncia, se están produciendo vulneración de derechos en la aplicación de la normativa”. López califica de “buena noticia la admisión, con la lógica cautela porque es el comienzo del proceso jurídico, pero lo que está claro es que es un paso adelante para intentar tumbar la ordenanza de la vergüenza”.
La coalición presentó, dentro de la denuncia, una solicitud de suspensión cautelar, que ahora tiene que decidir el tribunal, tras un plazo de alegaciones en el que el Ayuntamiento de Alicante ha de argumentar su postura, si sigue adelante. Para López, “dijimos que íbamos a tratar de parar esta denigrante norma por todas las vías y estamos cumpliendo, confiamos en que se haga justicia y que el tribunal pare esta barbaridad”.
