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martes, 9 agosto 2022

Alicante aprueba la ordenanza de convivencia cívica

La llamada "ordenanza de la vergüenza" se ha aprobado. La oposición habla de falta de consenso y para el bipartito es muy similar a la de Ribó en Valencia.

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana en sesión plenaria extraordinaria la ordenanza de convivencia cívica ante la posición unánime de los grupos de la oposición que hablan de que la normativa sale adelante con falta de consenso social y político. Y señalan que esta regulación viene motivada por un «pacto entre VOX y PP» para sacar adelante los presupuestos municipales que se aprueban mañana en otro pleno de carácter extraordinario. Los portavoces municipales del Partido Popular, Ciudadanos y VOX señalan que esta ordenanza es similar a la de Barcelona y especialmente a la impulsada por el socialista Joan Ribó en la ciudad de Valencia.

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En la sesión se han votado también once enmiendas presentadas por Unides-Podem, que han sido rechazadas en su totalidad por 13 votos a favor y los 16 en contra del bipartito y VOX. En el Pleno de hoy no han participado colectivos sociales al no haber presentado solicitudes en plazo, ha informado el alcalde Luis Barcala.

El concejal de Seguridad, José Ramón González ha explicado que la ordenanza viene motivada por las demandas que realizan los alicantinos diariamente y es «muy necesaria para actuar contra conductas incívicas y las mafias organizadas». Se ha dirigido específicamente a los grupos municipales de Compromís, PSOE y Unides-Podem apuntando al borrador de ordenanza de convivencia en la ciudad de Valencia donde se recoge que viene a «proteger» a los vecinos de Valencia «frente a conductas que adoptan formas de mendicidad insistente e intrusivas», apuntando que el texto es igual al de Alicante. «Señores de Podemos, señor López, le reto a que me diga dónde pone en la ordenanza, como dice su ministra, que vamos a perseguir a personas migrantes o LGTBI. Es mentira».

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González explica que la ordenanza promueve el uso libre y pacífico de espacio públcos y perseguirá ruidos innecesarios, acampadas en la ciudad, pintadas en edificios, acoso callejero y agresiones contra el mobiliario urbano, entre otras conductas incívicas. «Ayudaremos a que las mujeres prostituidas puedan salir de esa situación, ayudaremos a personas que están en la indigencia para dar protección social a las personas más necesitadas«.

Intervenciones de los grupos municipales: Entre pactos y similitud con la ordenanza de Valencia

En la misma línea se ha posicionado el concejal de VOX, Mario Ortolá que apunta que la nueva ordenanza lo que hace es «garantizar la libertad y la seguridad de las familias alicantinas» e insiste en que «si cambia el nombre Barcala por el de Ribó y el de VOX por el del PSOE estamos ante la misma ordenanza».

Desde Compromís, el edil Natxo Bellido ha reiterado en sus dos intervenciones que retiren esta ordenanza para aprobar una nueva juntos. «Las consecuencias de la pandemia son contundentes y vamos a una sociedad más desigual» y ha aludido a «un pacto de la ultraderecha» y que en las políticas sociales el equipo de gobierno «solo tiene multas que ofrecer».

Xavier López, de Unides Podem, ha coincidido que la norma nace sin consenso y es fruto de su «deriva hacia las posiciones más antisociales de todo el estado español. Es un despropósito de dimensión nacional». No solo traerá «consecuencias directas a las personas que se van a perseguir en situación de desamparo sino para la imagen de la ciudad». También acusa al gobierno municipal de no llevar a cabo una política social en materias como LGTBI, mujeres, migrantes e inclusión.

Por su parte, la concejala de Ciudadanos, María José Sánchez, cogobernante el Ayuntamiento alicantino considera que la ordenanza «viene a mejorar la vida de nuestra ciudad» y «se ha hecho mucha demagogia. Frente a a demagogia, hechos. Ustedes no actuaron cuando gobernaron», en alusiones al Partido Socialista. Para la formación naranja esta nueva regulación «va a atajar problemas ciudadanos No va en contra de las personas sino contra las mafias que se aprovechan de las personas». Y habla de alternativas a la hora de «conmutar multas» por la aceptación de «ayudas sociales». «El texto mejora al apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad y muestra tolerancia cero con vandalismo, explotación sexual y mafias».

Desde el PSOE, Llanos Cano ha indicado tener claro que «los más vulnerables son moneda de cambio para aprobar presupuestos» y ha preguntado al bipartito que expliquen «qué barrios sí pueden tener mendigos y qué barrios no». Sostiene que «no se han emitido informes sociales», es contrario a las políticas directrices sociales locales y autonómicas; y a su juicio además el texto tiene impacto de género porque afecta especialmente a las mujeres, como «principales víctimas de explotación sexual».

Sobre la Ordenanza de Convivencia Cívica

La nueva norma ha salido adelante por mayoría con los votos a favor de los grupos políticos del Partido Popular (9), Ciudadanos (5) y Vox (1), y el voto en contra de PSOE (9), Compromís (2) y Unidas Podemos (2). Entrará en vigor a los quince días siguientes de su inminente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La estructura de la ordenanza está dividida en una exposición de motivos, 3 títulos, 42 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 Disposición Final, y un anexo de infracciones y sanciones. La ordenanza tipifica los tipos de infracciones que conllevan el incumplimiento de la normativa con un cuadro de sanciones leves, graves y muy graves. La ordenanza pretende solucionar a su vez los problemas de convivencia cívica sobre actuaciones coactivas o de acoso que dificultan el libre tránsito viario y la circulación peatonal en las vías, parques y espacios públicos dando protección social a las personas necesitadas y eliminado situaciones que obedecen a conductas organizadas. 

Reacciones sociales

Desde que se hiciera público el contenido de la ordenanza han sido numerosas las reacciones tanto políticas como sociales. Los sindicatos aunaban peticiones en favor de incrementar los recursos para desarrollar una mayor intervención social y apuntaban al Plan Social de Inclusión Municipal, parado desde hace años. Ayer mismo, un centenar de personas se congregaba en la plaza de la Montañeta en un último intento de frenar la aprobación definitiva de la normativa. La portavoz de la Plataforma contra la Pobreza, Mercedes García, promotora de las concentraciones señalaba recientemente que a Plataforma considera que la ordenanza «es contraria a la normativa internacional, nacional y local» e «ineficaz la actitud sancionadora de las situaciones de exclusión, que ya se ha demostrado inútil en el tratamiento de la explotación sexual, la trata o la mendicidad». Entre otros colectivos que también han firmado un manifiesto en contra de esta ordenanza está la ONG Médicos del Mundo.

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