La Unió Llauradora presentará alegaciones contra dos grandes plantas fotovoltaicas proyectadas en la comarca del Vinalopó Mitjà, al considerar que amenazan unas 340 hectáreas de suelo agrario productivo en una de las principales zonas de producción de uva de mesa de la provincia de Alicante.
Los proyectos, denominados «La Balsa» y «La Cascada», afectan a terrenos de Novelda, Aspe, Monforte del Cid y Agost. Según explica la organización, ambas instalaciones se encuentran en fase de información pública, junto a sus estudios de impacto ambiental, solicitudes de autorización administrativa previa e infraestructuras de evacuación. El plazo para presentar alegaciones permanece abierto hasta el 25 de junio.
La entidad agraria muestra su oposición a estos macroproyectos por el impacto que, a su juicio, tendrían sobre explotaciones que han realizado durante años inversiones relevantes en modernización. La Unió recuerda que muchos agricultores de la zona han destinado recursos, en algunos casos con apoyo público, a mejorar sus fincas mediante balsas de riego, infraestructuras hidráulicas y sistemas de riego localizado.
Impacto sobre la uva de mesa y el regadío
Desde la organización sostienen que la implantación de estas plantas solares pondría en riesgo ese esfuerzo inversor y supondría la desaparición de una superficie agrícola actualmente en producción. También advierten de posibles efectos sobre el empleo agrario, las empresas comercializadoras de uva de mesa y las comunidades de regantes que dependen de infraestructuras clave para mantener su actividad.
La Unió defiende que el desarrollo de energías renovables debe avanzar de forma ordenada y compatible con la actividad agrícola. En este sentido, reclama priorizar el autoconsumo energético y la instalación de placas solares en cubiertas de edificios, polígonos industriales, infraestructuras públicas, espacios degradados y otras superficies no productivas.
La organización considera que la proliferación de grandes plantas fotovoltaicas sobre suelo agrario o forestal supone una nueva presión sobre el mundo rural, que ya afronta problemas como la falta de rentabilidad, el abandono de explotaciones y la despoblación.
El responsable del sector de uva de mesa de La Unió, Enrique Sánchez, señala que «nos quieren imponer grandes proyectos fotovoltaicos sin ningún tipo de racionalidad cuando habría que acercar la producción energética a las grandes áreas urbanas e industriales de consumo, con el objetivo de evitar las pérdidas y el impacto del transporte de la energía a grandes distancias».
Sánchez añade que «no tiene sentido destruir terrenos agrícolas productivos, que generan empleo, riqueza y actividad económica en el medio rural, para instalar infraestructuras energéticas que podrían ubicarse perfectamente en otras zonas ya transformadas».
La organización agraria reclama a las administraciones públicas que defiendan el suelo agrario productivo y apuesten por un modelo energético que compatibilice la producción renovable con la conservación del territorio y la continuidad de la actividad agrícola.
