Dos empresarios de 21 y 31 años han sido detenidos en Alicante por la Policía Nacional, acusados de explotar laboralmente y maltratar de forma continuada a dos de sus empleadas. Los arrestados, propietarios de dos bazares, presuntamente sometían a las trabajadoras a jornadas de hasta 12 horas diarias, las insultaban con frecuencia y llegaron a agredirlas físicamente.
La investigación comenzó tras la denuncia de una de las víctimas, quien aseguró que durante un año trabajó sin contrato mientras sufría un trato degradante. Según relató, aceptó inicialmente una jornada de ocho horas diarias, de lunes a domingo, por 40 euros al día. Sin embargo, con el tiempo fue obligada a trabajar entre 11 y 12 horas cada jornada, sin disfrutar de ningún día libre.
Jornadas de hasta 12 horas y vigilancia constante
La trabajadora explicó que los dos empresarios la vigilaban mediante cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento. De este modo, controlaban en todo momento tanto su actividad laboral como las conversaciones que mantenía con otras empleadas.
Tras reclamar algún día de descanso, únicamente consiguió librar media jornada los martes. Aun así, las largas jornadas y el trato humillante continuaron durante el resto de la relación laboral.
Agresiones, amenazas y salarios pendientes
La situación llegó a agravarse cuando, tras una discusión, uno de los investigados presuntamente le propinó un codazo en la barbilla que obligó a la víctima a recibir asistencia hospitalaria. Según denunció, no acudió antes a la Policía por miedo, ya que sus jefes la amenazaban con denunciarla para provocar su deportación al encontrarse en situación irregular en España.
La decisión de denunciar llegó después de conocer que otra compañera también había sido agredida en un brazo y que, al recriminar los hechos, fue escupida en la cara por uno de los empresarios.
Los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental comprobaron que la denunciante había trabajado durante un año sin estar dada de alta. Además, verificaron que uno de los detenidos ya había sido arrestado anteriormente por una presunta agresión sexual a otra empleada y permanece en libertad con medidas cautelares.
Cuando la trabajadora abandonó el empleo, los empresarios todavía le adeudaban 1.750 euros entre salarios pendientes y el dinero que había adelantado de su propio bolsillo para pagar mercancía a un proveedor. Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y, uno de ellos, también por un delito de lesiones.
