El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha instado al PP en Alicante a revisar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre expulsiones de menores antes de recurrir al Alto Tribunal por las ausencias de miembros del Gobierno a las comparecencias en el Senado, en plena crisis migratoria en Ceuta.
España ha hecho estas declaraciones ante los medios durante una visita a Mercalicante. El ministro ha sido acompañado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, y el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones.
Recurso del PP y críticas de España
El titular de Hacienda se ha referido al recurso contencioso-administrativo que el PP ha presentado ante el Tribunal Supremo. Con ese escrito, los populares piden que el Alto Tribunal ‘ordene el cese de la conducta antidemocrática de este Gobierno’ por la ausencia de ministros en el Senado.
El PP ha dado este paso después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco haya acudido este jueves a la Cámara Alta. Allí estaba citado para explicar la gestión del Ejecutivo en la actual crisis de Ceuta.
En este contexto, Arcadi España ha señalado que los populares ‘harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores, sin ningún tipo de expediente administrativo, sin escucharles’. El ministro ha recalcado así que el Alto Tribunal ya se ha pronunciado sobre expulsiones de menores realizadas sin garantías.
El ministro ha recordado que Feijóo visitó Ceuta este miércoles. Según España, el líder del PP dio en la ciudad autónoma ‘un mitin político buscando votos, buscando votos desde una situación difícil que atraviesa’ Ceuta.
Única propuesta de Feijóo en Ceuta
Arcadi España ha destacado que, a su juicio, ‘la única propuesta‘ que Alberto Núñez Feijóo planteó durante su visita fue ‘que todas las personas que habían atravesado la frontera y que estaban ahora en Ceuta se devolvieran, especialmente también los niños’. El ministro ha calificado esa propuesta como ‘ilegal’.
Para España, esa postura del PP contrasta con la obligación del Ejecutivo central. ‘Lo que va a hacer el Gobierno de España’ es ‘cumplir el Estado de derecho desde una perspectiva humanitaria y aplicando toda la normativa y los procedimientos que se tienen que aplicar’, ha subrayado.
Como ejemplo de esa actuación, el ministro ha puesto sobre la mesa las ayudas ya aprobadas. Ha mencionado 6,5 millones de euros destinados a la construcción de carpas de Cruz Roja y otros 25 millones dirigidos a la atención de menores no acompañados.
España ha defendido que esas partidas reflejan una respuesta basada en la protección de los más vulnerables. Ha señalado que el objetivo es reforzar los dispositivos de acogida en un contexto de presión migratoria intensa sobre Ceuta.
Además, el titular de Hacienda ha insistido en que la salida a la crisis pasa por la cooperación institucional. ‘Lo importante en una situación como la que está atravesando Ceuta es, lo primero, diálogo en la Unión Europea, que está habiendo diálogo; con Marruecos, que también está pasando, y también entre administraciones’, ha sentenciado.
Según el ministro, ese diálogo debe ir acompañado del respeto estricto al marco legal español y europeo. También ha remarcado que cualquier actuación con menores migrantes tiene que ajustarse a los procedimientos establecidos y a las garantías que fija la ley.
