La crisis de la vivienda ha centrado las iniciativas que los grupos parlamentarios han registrado para el próximo pleno de Les Corts Valencianes, que se celebrará la próxima semana, tras el orden del día acordado este martes en la Junta de Síndics.
Los portavoces de las diferentes formaciones han detallado estas propuestas en la rueda de prensa posterior a la reunión, que ha servido para organizar la que será la segunda sesión plenaria del actual periodo de sesiones.
La propuesta del PP se ha fijado como objetivo facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, y aumentar la oferta en régimen de alquiler asequible. Para ello, el grupo popular ha planteado seguir avanzando en el desarrollo del Plan Vive y movilizar todo el suelo del Estado que sea posible para destinarlo a la construcción de vivienda para alquiler a precios reducidos.
Además, el PP ha defendido bonificar o eliminar el IRPF a los jóvenes durante los cuatro primeros años de vida laboral, con la idea de que puedan ahorrar y reunir recursos para acceder a su primera vivienda. También ha reclamado rebajar al 4 % el IVA en la compra de la primera vivienda y en las obras de rehabilitación.
El síndic del PP, Fernando Pastor, ha cargado contra el Gobierno central y contra los socialistas valencianos. Ha afirmado que la vivienda ‘nunca fue la razón por la que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre‘, sino que, en sus palabras, ‘fue la excusa’.
Pastor ha denunciado que ‘ni el sanchismo ni la sucursal más sanchista de todas las socialistas de España, que es la valenciana, han dado un palo al agua en la materia’. Ha añadido que ‘han tenido tiempo, competencias y presupuesto, los de aquí y los de allí, y durante ocho años ni unos ni otros han dado un palo al agua’.
El portavoz popular ha concluido que, a su juicio, ‘venir ahora a dar lecciones y a pedir explicaciones es un ejercicio puro de cinismo y de hipocresía’. Estas valoraciones anticipan un debate parlamentario especialmente tenso en torno a la política de vivienda.
Modelos opuestos sobre la vivienda protegida
Frente al planteamiento del PP, la iniciativa del PSPV se ha centrado en el precio de la vivienda de protección pública y en el mantenimiento de su carácter protegido. Los socialistas han propuesto derogar el incremento del módulo de precio máximo de las viviendas de protección pública de promoción privada.
El PSPV quiere recuperar el límite anterior de 2.200 euros por metro cuadrado. También plantea que las viviendas públicas construidas en suelo público, o con recursos o ayudas públicas, mantengan esa calificación de vivienda pública de forma permanente y no pierdan la protección con el paso de los años.
‘No tiene sentido que nos encontremos en la Comunitat Valenciana VPO que está entre los 250.000 y los 300.000 euros’, ha denunciado el síndic del PSPV, José Muñoz. A su juicio, estos precios se alejan del objetivo de facilitar el acceso a una vivienda asequible a las rentas medias y bajas.
Muñoz ha avanzado que en ese pleno se van a confrontar ‘dos modelos de país‘. Ha acusado al PP y Vox, además de a Junts, de ‘plantear que la vivienda sea negocio’. Con estas palabras, ha querido subrayar la diferencia entre considerar la vivienda como un derecho básico o como un activo puramente de mercado.
En la misma línea que el PSPV se ha situado la iniciativa de Compromís, centrada igualmente en la vivienda protegida. La coalición ha anunciado que pedirá revertir las subidas del precio máximo de la vivienda de protección pública aprobadas en los últimos tiempos.
Compromís quiere garantizar que el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda protegida se mantenga ‘dentro de parámetros de accesibilidad’. Además, propone establecer el carácter permanente de la protección pública en las viviendas sujetas a este régimen, de forma que sigan siendo asequibles a largo plazo para las familias que más lo necesitan.
Inmigración y presión sobre los servicios públicos
Por su parte, Vox ha optado por vincular la situación de la vivienda con la presión sobre los servicios públicos. Su grupo ha presentado una proposición no de ley sobre ‘la saturación de los servicios públicos por la ingente entrada masiva de inmigrante ilegales’.
Según ha explicado su síndic, José María Llanos, esta llegada de personas migrantes afecta a los servicios sociales, la sanidad, la educación, la seguridad y también a la vivienda. Con esta iniciativa, Vox busca situar el debate sobre inmigración en el centro de la agenda parlamentaria y conectar esa cuestión con las dificultades de acceso a una vivienda.
El pleno de la próxima semana en Les Corts se ha configurado así como un escaparate de las diferentes recetas que los partidos ofrecen ante la crisis de la vivienda en la Comunitat Valenciana. El debate permitirá contrastar medidas fiscales, modelos de vivienda protegida y enfoques sobre el impacto de otros factores, como la inmigración, en el acceso a un hogar digno.
