La magistrada que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante ha acordado citar a declarar como testigos a los representantes de seis empresas dentro de las diligencias abiertas por la adjudicación de las VPP en la urbanización les Naus.
La declaración está prevista para el 17 de junio, en una jornada en la que también deberán comparecer dos testigos que ya habían declarado con anterioridad: la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario adjunto de este mismo departamento.
Nuevas testificales en la investigación de las VPP
La instructora ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, dentro de una providencia en la que también reclama documentación a uno de los investigados, gerente de la cooperativa promotora de las viviendas.
En concreto, la magistrada solicita diversa información relacionada con el proyecto y con empleados de dos mercantiles vinculadas al procedimiento. La causa se mantiene en fase de diligencias previas, por lo que las nuevas declaraciones buscan ampliar la documentación y los testimonios disponibles en la investigación.
El señalamiento incluye a los representantes legales de seis entidades y a los dos responsables territoriales de Vivienda citados de nuevo. Todos ellos deberán prestar declaración en calidad de testigos.
Requerimiento urgente al Ayuntamiento de Alicante
La magistrada también ha encargado a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante que se persone en el Ayuntamiento de Alicante para requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de documentación pendiente.
La medida se adopta después de que no conste respuesta del Consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de mayo. Por ello, la instructora ordena que la Policía Nacional acuda a las dependencias municipales, identifique al responsable de los servicios jurídicos y le requiera la entrega de los documentos solicitados.
El requerimiento fija un plazo “en el plazo improrrogable de cinco días naturales” para aportar la documentación. Además, la providencia advierte de que, si se produce un nuevo incumplimiento, el responsable de los servicios jurídicos municipales podría incurrir en un delito de desobediencia.
La resolución recoge expresamente que el requerimiento se realiza “bajo apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia previsto en el art. 556 del Código Penal”.
CGT deberá prestar una fianza de 3.000 euros
En otra de las resoluciones dictadas, la magistrada ha solicitado al sindicato CGT que preste una fianza de 3.000 euros para poder personarse como acusación popular en la causa.
La instructora deja pendiente la admisión de esa personación hasta que se cumplan los requisitos exigidos. Entre ellos figura la presentación de querella suscrita por abogado y procurador, además del depósito de la fianza fijada.
La investigación continúa así con nuevas diligencias centradas en recabar documentación, ampliar testificales y obtener los expedientes pendientes relacionados con la adjudicación de las viviendas de protección pública en la urbanización les Naus de Alicante.
