La plantilla del transporte interurbano de Alicante anuncia una huelga indefinida a partir del 20 de junio, coincidiendo con las Hogueras, ante lo que los comités de CGT consideran una falta de soluciones por parte de la empresa y de la Generalitat Valenciana.
Desde los comités de CGT de La Alcoyana Alicante, CGT de La Alcoyana Alcoy y los delegados de CGT de Masatusa denuncian una situación “insostenible” en los servicios gestionados por el Grupo Vectalia, tanto por el estado de la flota como por el bloqueo de la negociación laboral.
Según trasladan, la plantilla del servicio interurbano de Alicante continúa sin convenio colectivo desde el 31 de diciembre de 2025. El sindicato atribuye esta situación al bloqueo de la negociación por parte de la empresa.
Conflicto laboral y deterioro del servicio
Los representantes sindicales sostienen que el servicio se ve afectado por “autobuses muy deteriorados y envejecidos”, “averías constantes”, “falta de vehículos” y servicios que, según denuncian, “algunos días ni siquiera salen”.
También señalan que en Alcoy la plantilla de La Alcoyana acumula más de siete meses de huelga, con denuncias por despidos, presión, “represión sindical” y bloqueo del convenio colectivo.
CGT afirma que tanto en Masatusa como en Automóviles La Alcoyana hay líneas afectadas a diario por la falta de inversión y el deterioro de la flota.
Reclaman el rescate de la concesión
Los comités reclaman el “rescate inmediato de la concesión”, una “auditoría pública e independiente” sobre contratos, licitaciones y concesiones, “responsabilidades políticas inmediatas” y el “fin de la represión sindical” que, según denuncian, sufren las plantillas.
Además, solicitan la creación de un ente metropolitano gestionado directamente por la Generalitat Valenciana para garantizar, según defienden, transparencia, control y “una gestión pública real del transporte”.
El sindicato también exige la dimisión del director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Manuel Ríos, al considerar incompatible su papel de supervisión de las concesiones públicas con sus vínculos profesionales previos con empresas del grupo y sus lazos familiares con la familia propietaria.
CGT enmarca estas reivindicaciones en un contexto marcado por la anulación parcial del concurso del autobús de Alicante y por resoluciones judiciales relacionadas con empresas vinculadas al grupo en otras concesiones públicas.
A juicio del sindicato, el transporte público “no puede seguir funcionando al servicio de intereses privados mientras trabajadores y usuarios pagan las consecuencias”.
