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lunes, 5 diciembre 2022

La Generalitat saca a participación pública el Plan de Acción Territorial de La Vega Baja

Está estructurado en cuatro grandes bloques temáticos: infraestructura verde, sistema de asentamientos, movilidad y actividad económica.

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha sacado a participación pública y consultas, la versión inicial del Plan de Acción Territorial (PAT) de La Vega Baja, según publica el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

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Como ha indicado el conseller de Territorio, Arcadi España, «el PAT, en una clara apuesta por posibilitar el máximo consenso, se expone por el plazo de tres meses, durante los que se podrán formular alegaciones, sugerencias y propuestas, y se podrá consultar en web: https://politicaterritorial.gva.es/partvegabaja». consultar aquí.

El PAT de la Vega Baja, ha recordado, es un instrumento de ordenación territorial integrado de escala supramunicipal, que tiene como finalidad principal «el desarrollo territorial y urbanístico racional y sostenible en la Vega Baja que atienda a las necesidades y demandas de su ciudadanía y al conjunto de sus potencialidades, teniendo en cuenta la fragilidad ambiental de este territorio».

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Está estructurado en cuatro grandes bloques temáticos: infraestructura verde, sistema de asentamientos, movilidad y actividad económica, y según ha destacado el conseller, «se trata de un documento largamente demandado por las instituciones, agentes sociales y el conjunto de la ciudadanía de la comarca, como demuestra el reconocimiento y prioridad que obtuvo en las mesas de participación pública del proyecto Vega-Renhace, lo que confirma la necesidad de este plan».

Infraestructura verde

En cuanto a la infraestructura verde, el PAT propone un diseño que incluye los espacios de mayor valor ambiental y territorial como parques y espacios ya protegidos, a los que se suma otros de gran valor identitario: los cabezos, los secanos aterrazados tradicionales, las orlas de protección y otros suelos críticos para adaptar el territorio a los efectos del cambio climático.

Igualmente, su diseño y estructura ofrece plena cobertura a las propuestas territoriales sobre la mitigación del riesgo de inundaciones en la comarca, por parte de las administraciones competentes en agua e infraestructuras hidráulicas, especialmente necesarias en un territorio tan sensible al riesgo de inundación.

El PAT propone una zonificación de escala supramunicipal del suelo no urbanizable atendiendo a sus valores, potencialidades y fragilidad. De esta forma se garantiza que los usos y actividades que se implantan en el territorio se adapten a su capacidad de acogida.

Las zonas que se han delimitado son: la Huerta de la Vega Baja, los suelos de protección ambiental, las piezas verdes de interés ambiental, los suelos del litoral, las zonas de nuevos regadíos y las zonas de secanos aterrazados.

Así, el plan responde a las demandas sociales de protección de la Huerta de la Vega Baja, reconoce su patrimonio y propone un régimen de gestión y dinamización de gran ayuda para su pervivencia económica, y como paisaje cultural agrario de amplio reconocimiento a escala internacional.

También regula de manera novedosa la implantación de campings, las actividades extractivas o las energías renovables garantizando la plena autosuficiencia de la comarca, y potenciando modelos de iniciativa pública para contribuir a este objetivo.

Por ello, los municipios podrán promover plantas fotovoltaicas de hasta 100.000 metros cuadrados para satisfacer estos consumos locales. El plan permite las dotaciones públicas en todo tipo de suelos.

Asentamientos

El PAT analiza el planeamiento municipal desde la necesaria escala supramunicipal, y desarrolla un conjunto de estrategias en función del grado de compatibilidad con los criterios ambientales y territoriales que garantizan la calidad y sostenibilidad de los tejidos urbanos.

Estas estrategias pasan por la incorporación de algunos suelos a la infraestructura verde del territorio, a un régimen transitorio, a una mejora de su ordenación y calidad urbana o a su reconversión en ámbitos estratégicos en los cuales se pueden llevar a cabo proyectos de calidad urbana atractores de actividades económicas y de talento.

Hasta 1.400 hectáreas de suelos urbanos o urbanizables pueden acogerse a esta figura que les permitirá intensificar los usos, incrementar las dotaciones y la actividad económica, desarrollando proyectos de mejora de la calidad urbana.

También facilitará la regeneración de espacios turísticos obsoletos, y propone tratamientos de mejora de la urbanización diseminada y un modelo de crecimiento adecuado para los núcleos pedáneos, que actualmente tienen graves problemas para prolongar sus tramas urbanas por el estado de su planeamiento municipal.

Movilidad

Desde el punto de vista de la movilidad, el PAT analiza la realidad de la comarca, propone objetivos de mejora de la movilidad sostenible y la integración entre los usos del suelo y la movilidad, en estrecha colaboración con el Plan de Movilidad Comarcal que está llevando a cabo la Conselleria.

Asimismo, garantiza la perfecta cobertura para las acciones que se propongan en el Plan de Movilidad, y propone un esquema de red ciclista para toda la comarca.

Dinamización de la actividad económica

Sobre la dinamización de la actividad económica, el PAT propone un conjunto de medidas de gran consenso entre los agentes sociales, como la posibilidad de generar modelos turísticos de elevada calidad, reforzar el clúster agroalimentario, potenciar los usos logísticos en el entorno de San Isidro, desarrollar un nuevo nodo de actividades económicas al norte de Orihuela, entre otros.

Además, se permite la introducción de actividades terciarias en la Huerta de la Vega Baja, compatibles con la actividad agraria, y se potencian los espacios urbanos aptos para la nueva economía creativa y de talento.

Destaca la minoración de los estándares de zonas verdes a cambio de incluir en esta dotación los espacios protegidos por el plan, con un tratamiento adecuado que permita el uso público, con lo que se facilitará la elaboración y tramitación de los planes generales estructurales que tuviesen problemas de cumplir estas dotaciones.

Se propone un régimen transitorio para legalizar actividades existentes, y en el caso de su incompatibilidad en cuanto a usos y parámetros se les otorgará un tiempo amplio y suficiente para que puedan relocalizar la actividad.

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