La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, los informes en los que se basó el Gobierno para aprobar una orden en el mes de abril, que daba a los estudiantes la posibilidad de pasar de curso sin tenér en cuenta el número de suspensos.
El ministerio fiscal estudia si la titular de Educación y los consejeros cometieron un delito de prevaricación al modificar una ley orgánica, la Lomce, a través de un acuerdo adoptado en una conferencia sectorial. La orden fue suscrita por la mayoría de comunidades, excepto Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Euskadi.
En concreto, Celaá y los consejeros acordaron el pasado mes de abril ser “flexibles” con los alumnos por la pandemia de coronavirus y permitirles pasar de curso, incluso en el caso de que se tratara de los niveles en los que se obtienen los títulos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, sin límite de suspensos.
