El alcalde de Sant Joan, Jaime Albero ha aclarado en sus redes sociales y al presente diario las razones por las que no han abonado las facturas pendientes que reclama una empresa local de comunicación.
Esos supuestos pagos pendientes corresponden a servicios prestados durante seis meses dentro del periodo de la legislatura de 2011-2015, antes de que él fuera elegido alcalde de la localidad alicantina.
Consistían en servicios de difusión institucional, coberturas de actos y entrevistas varias durante 6 meses y ascendían a más de 20.000 euros.
“Una empresa local de comunicación presentó unas facturas que excedían en mucho los límites de la contratación menor, que en aquel entonces eran 18.000€+IVA (con la nueva ley de contratos bajó a 15.000) sin saber quién lo había encargado, para qué conceptos y sin haber seguido el procedimiento administrativo correcto”, ha explicado el primer edil en su red social.
En trabajos que excedan las citadas cantidades, se ha de licitar la contratación de empresas externas, y, para cantidades inferiores, el proceso administrativo implica presentar un presupuesto detallado por registro y que haya una conformidad por parte del área municipal así como una retención de crédito. Según nos informan desde el Ayuntamiento, dicho medio no ha llevado a cabo ninguno de estos pasos.
Por esta razón y ante el reclamo de la empresa para pago de dichas facturas, Intervención presentó en 2015, hasta en seis ocasiones, informes de disconformidad pues dicha sociedad no ha acreditado hasta hoy gasto alguno de esos servicios ni pruebas de la prestación de los mismos. Finalmente, mediante un Decreto de Alcaldía, aprobaron la devolución definitiva de las facturas.
“No hay constancia documental que los servicios facturados hayan sido encargados por ningún centro gestor municipal , así como tampoco se ha acreditado que los servicios hayan sido efectivamente prestados al ayuntamiento”, describe el interventor en su informe.
A pesar de que estos supuestos trabajos se llevaron a cabo en un mandato anterior a la elección de Albero como alcalde, es él mismo quién se ha encargado de averiguar toda la información posible e intentar subsanar esta situación. Por ello, solicitó informes al área de Intervención de la anterior legislatura y también a la de la siguiente. Ambos interventores coincidieron en sus alegaciones junto con la técnico municipal.
Es más, añade Albero que se ha reunido en varias ocasiones con los representantes de la empresa de comunicación para escuchar sus peticiones y obtener más información. Según le indican, llevan reclamando varias facturas de trabajos que hicieron para el Ayuntamiento y por los que presentaron facturas en el primer semestre de 2015.
“En otoño de 2017 hubo un relevo en la intervención municipal y, para estar más seguro, solicité otro informe al nuevo interventor, que fue incluso más tajante que el anterior: solo se pueden pagar esas facturas mediante sentencia judicial. La empresa también es conocedora de este informe y de los anteriores. Y entre 2018 y 2019 la empresa ha presentado una veintena de escritos de reclamación de información de diverso contenido”, añade el líder socialista.
De hecho, por uno de esos escritos viene el requerimiento del Consell de Transparencia al Ayuntamiento. “Ante tal avalancha de escritos, se nos pasó contestar a uno de ellos. Un fallo que hemos subsanado contestando en el momento en el que el Consell de Transparencia nos requirió”, señala el regidor santjoaner.
También ha querido aclarar Albero, ante los rumores de una supuesta inhabilitación por parte del Consell, que “la inhabilitación solo la puede decretar un juez y no solo no hay ninguna denuncia penal sino que estos supuestos encargos se hicieron antes de que yo fuera elegido alcalde”.
“Me he reunido con ellos varias veces y no han tramitado la vía judicial. Si ellos acreditaran que se ha hecho ese encargo, pediría de nuevo otro informe al interventor. No es cuestión de no querer pagar, sino de que se justifiquen esos servicios. Y, actualmente, ni siquiera hay presupuestos registrados de esas facturas” aclara Albero.
No obstante, aunque existe esa discrepancia entre ambas partes, el Ayuntamiento ha seguido contratando a esa empresa para retransmisión de plenos en directo y otros temas relacionados con Tercera Edad.
“Los últimos 4 años han seguido trabajando con nosotros. Se ha contado con ellos en todo momento”, puntualiza el alcalde.
Y para terminar, ha recordado que en el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas han sacado un notable en el área de Transparencia, pero “yo no puedo coger dinero público y abonarlo a una empresa que no acredita ni presupuestos aceptados, ni pruebas de los servicios prestados ni contrato alguno”, alega el regidor.
Diario de Alicante ha podido tener acceso a los documentos emitidos por Intervención, en los que se detalla, de forma clara y concisa, las alegaciones correspondientes y las justificaciones de su devolución por inclumplir varias normas de los procedimientos administrativos del Ayuntamiento en lo que a contratación se refiere.