El testimonio en el pleno de Alicante de una mujer de 72 años, que protagonizó un mediático desahucio el pasado 1 de febrero en el barrio de Carolinas, pasará a la historia como uno de los más aleccionadores del hemiciclo. María ha descrito el callejón sin salida en el que se encuentra al no poder adquirir el piso de renta baja que pagaba desde hace 12 años, como le requería el fondo buitre que lo compró recientemente.
Con una voz algo temblorosa, pero demostrando serenidad y claridad de ideas, ha reflejado la espiral y desamparo legal que están viviendo otras personas en una situación similar y a las que ha puesto nombre y apellidos.
Asegura que la situación es más habitual de lo que parece, en la que los informes de emergencia parecen dormir el sueño de los justos y la pensión no alcanza el precio de mercado de viviendas.
Rechazada por las agencias inmobiliarias por contar con bajos ingresos, espera todavía un certificado de emergencia habitacional que le dé acceso a una vivienda social de la Generalitat Valenciana pero que parece extraviado a tenor de las versiones contrapuestas del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda.
La concejal de Acción Social, Julia Llopis, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, afirman haber enviado este informe a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo el pasado lunes mientras que este organismo público informa, a través del Sidicat de Barri Carolines, que “no consta ningún envío del Ayuntamiento de Alicante con la solicitud de urgencia de María González Rosa, ni por email ni por registro departamental”.
Posteriormente, fuentes de la Secretaría Autonómica de Vivienda confirmaban que un día después del desahucio, el 2 de febrero, se ofreció al Ayuntamiento una vivienda para María y su hijo y a la vez se requería la certificación de emergencia para realizar la adjudicación. A fecha de hoy, aseguran, no haber recibido respuesta del Ayuntamiento.
Por su parte, Llopis ha puesto datos encima de la mesa. La EVHA no está dando viviendas como señala el artículo 48.7 del decreto del Consell 106/2021 del 6 de agosto, al que se ha referido María. En 2020 a cinco solicitudes con informe de emergencia habitacional se concedieron tres viviendas. En 2022 de 10 se concedieron 5 y en lo que va de año, de 18 se han dado 0, ha aseverado la edil.
En el fondo del asunto, más allá, del drama de una mujer que vive en una habitación con su hermana, que la ha acogido, y su hijo enfermo, una afirmación: “No puedo alquilar una vivienda de 600 euros con 750 de pensión”. Y también una frase que resuena últimamente con fuerza. “Me dicen que vivo en un barrio vacacional cuando es un barrio obrero“.
Rafa Mas (Compromis): ‘No dejemos a nadie en la calle (…) Es nuestra responsabilidad, sea de quien sea la competencia’
María ha participado en el pleno donde se debatía la moción de UP-EUPV para poner en marcha una comisión plenaria no permanente que impulse un Plan Local de Vivienda y Emergencia Habitacional. La medida ha sido rechazada con los 16 votos de la coalición de Gobierno y VOX en un partido de dardos que con mayor o menor puntería mostraba las deficiencias en las gestiones municipales y autonómicas.
Un “y tú más” en el que ha aflorado por parte del PP la falta de construcción de viviendas del Consell en Alicante o la exclusión desde el Consell a Alicante de los fondos del programa de viviendas para el alquiler accesible así como a falta de respuesta para dos proyectos destinados a en torno a 120 viviendas sociales.
Y, por otra parte, Compromís al Gobierno local: “cero vivienda pública en cinco años de Barcala” o Unidas Podemos que recrimina que “no están firmando los informes de emergenia habitacional y los casos como los de María se multiplican y la Conselleria está constantemente enviando requerimientos a la Concejalía de Acción Social para que los firmen”.
En medio del cruce de reproches la voz del concejal Rafa Mas ha sonado rotunda al reclamar una mesa antidesahucios constituida por profesionales y colectivos sociales: “No dejemos a nadie en la calle. Evitemos que en Alicante se produzcan más desahucios. Que es nuestra responsabilidad, sea de quien sea la competencia. ¿Es que no entienden ustedes que hay mucha gente que está sufriendo en esta ciudad?”
