Denuncian al Ayuntamiento de San Vicente por presuntos delitos con la aplicación de servicios extraordinarios

Los ediles no adscritos Juan Manuel Marín y María Auxi Zambrana toman acciones legales por las retribuciones reiteradas que se han realizado de supuestas actividades que no eran extraordinarias. Además, sostienen que el concejal de RRHH, José Luis Lorenzo, ha puesto en práctica esta decisión "sin ningún informe jurídico" y ocultando "una huelga encubierta" de la Policía Local del municipio.

Los concejales del Ayuntamiento de San Vicente guardando un minuto de silencio en la fachada del organismo municipal / Ayuntamiento de San Vicente
Los concejales del Ayuntamiento de San Vicente guardando un minuto de silencio en la fachada del organismo municipal / Ayuntamiento de San Vicente
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El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha sido denunciado por cometer presuntos delitos de prevaricación con la retribución de servicios extraordinarios a funcionarios. Así lo han estimado oportuno los ediles no adscritos del consistorio sanvicentero, Juan Manuel Marín Muñoz y María Auxi Zambrana. Ambos concejales han emprendido acciones legales después de considerar que el Ayuntamiento, a sabiendas, ha aplicado de forma irregular unos servicios que ha pagado como extraordinarios a la Polícia Local de San Vicente  y no lo son porque eventos como las fiestas patronales y las Hogueras de San Vicente, así como otros acontecimientos deportivos o sociales están “perfectamente programados y programables en el tiempo a su ejecución y organización” y por lo tanto aseguran que “se elimina el carácter extraordinario” de esas actividades.

La problemática se lleva arrastrando desde hace años en los cuales el consistorio “viene retribuyendo sistemáticamente una serie de servicios extraordinarios”  calificados  como tales por la institución municipal, pero que al producirse de manera reiterada en el tiempo y programa desaparece ese carácter extraordinario, así nos lo declara el propio Marín Muñoz. El edil pone encima de la mesa que, junto a la concejala Auxilidora Zambrana, le propusieron al concejal de Recursos Humanos (José Luis Lorenzo Ortega) llevar a pleno una moción para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y consecuentemente realizar también una modificación del complemento de productividad, que es la forma de retribuir determinados servicios que hacen los funcionarios fuera de su jornada habitual. Afortunadamente esta propuesta se aceptó y se votó por unanimidad en el pleno.

Sin embargo, Marín enfatiza que esas buenas intenciones del Ayuntamiento desaparecieron con un nuevo error del ejecutivo local. Cuestiona duramente la gestión del concejal de RRHH por llevar a concurso público una planificación de Recursos Humanos sin realmente conocer el funcionamiento y el número exacto de funcionarios que trabajan en el Consistorio sanvicentero. Pero lo más grave que denuncia Marín Muñoz fue “la huelga encubierta” de la Policía Local  que el propio Lorenzo Ortega reconoció en un pleno y que ocultó a todo el mundo. Esta supuesta huelga no le fue comunicada al Ayuntamiento ni a la Subdelegación de Gobierno como marca la ley, así lo pone de relieve el edil no adscrito.

Marín Muñoz confirma que esta huelga encubierta agravó más la situación y que la misma fue aprovechada para “premiar económicamente” a la Policía Local del municipio. El Ayuntamiento de San Vicente aceptó “una subida del 30% sobre el precio hora” principalmente a suboficiales y agentes de la Policía Local. Este incremento es notablemente superior al que se realiza a los funcionarios de niveles inferiores (16-17%) y al personal de mantenimiento (20%). Marín insiste en que esas subidas que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento se han hecho desde una visión errónea porque se han atribuido a servicios que no son extraordinarios.

Finalmente, el concejal no adscrito defiende que haya denunciado estos hechos a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Benalúa porque estas retribuciones erróneas podrían propiciar “un dispendio de dinero público de la circunstancia probada de que la realización de horas extraordinarias no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, ni normativa nacional, autonómica, local para el personal al servicio de las administraciones públicas”. Por lo tanto, Marín afirma que se podrían estar cometiendo presuntos delitos de prevaricación.