La comisión municipal sobre las viviendas protegidas de Les Naus se reúne este viernes sin ninguno de los cinco técnicos llamados a comparecer. Todos ellos han comunicado por escrito que no acudirán, lo que deja el órgano del Ayuntamiento de Alicante prácticamente vaciado de contenido técnico y sin las explicaciones presenciales previstas sobre la tramitación de la promoción investigada en la Playa de San Juan.
La sesión queda condicionada por el carácter voluntario de las comparecencias. La comisión puede celebrarse, pero no contará con los funcionarios citados para responder sobre distintos aspectos del expediente, desde la concesión de la licencia hasta la gestión tributaria o los datos vinculados al padrón. La ausencia de todos los perfiles técnicos reduce así el margen del órgano municipal para avanzar en el esclarecimiento político y administrativo del caso.
Entre los cinco funcionarios que han comunicado que no asistirán figuran el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, una segunda técnica del área de Urbanismo citada para pronunciarse sobre el expediente de concesión de licencia, la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalía, una técnica adscrita al departamento de Estadística y la arquitecta municipal adjudicataria de una vivienda en Les Naus.
En el caso de esta última arquitecta, su citación tiene especial relevancia dentro del caso. La arquitecta municipal ha sido llamada a declarar como investigada el 5 de junio en el juzgado y es la mujer del técnico de la Dirección Territorial de la Conselleria de Vivienda que visaba los expedientes de los solicitantes de la promoción.
Una comisión sin comparecientes técnicos
La reunión de este viernes repite el patrón de la sesión anterior. El pasado 14 de abril, cinco de los seis técnicos llamados tampoco comparecieron y solo acudió José Luis Ortuño, exjefe del Departamento de Gestión Patrimonial y ya jubilado. En aquella intervención defendió la legalidad de la enajenación de la parcela, aunque reconoció como «extraño» que la cooperativa adjudicataria pudiera preparar la documentación en apenas 24 horas.
La nueva ronda de citaciones no ha corregido esa falta de comparecencias. Algunos técnicos han alegado prudencia ante la posibilidad de tener que declarar en sede judicial, mientras que otros han comunicado directamente que no acudirán al tratarse de una invitación voluntaria. En el caso de E. Ll., se ha alegado una situación de baja por incapacidad temporal.
La comisión se ha constituido para analizar las posibles responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a las viviendas protegidas de Les Naus, una promoción construida sobre suelo municipal en la Playa de San Juan. La controversia estalló al conocerse que entre los adjudicatarios figuraban cargos públicos, técnicos, familiares y personas vinculadas al entorno administrativo o político.
El Ayuntamiento defiende que sus competencias se centraban en la enajenación del suelo y en la licencia urbanística. Sin embargo, la oposición ha reclamado explicaciones sobre el conjunto del expediente y ha cuestionado la gestión municipal de la información relacionada con el caso.
El debate también se ha extendido al acceso a la documentación. Los sindicatos del Ayuntamiento de Alicante han negado haber vetado la entrega de expedientes de Les Naus a los grupos municipales, después de que el alcalde, Luis Barcala, aludiera a la protección de datos como uno de los motivos para no facilitar determinada información. Las organizaciones sindicales defienden que cualquier acceso debe respetar la privacidad y el procedimiento judicial, pero rechazan aparecer como obstáculo a la transparencia.
La vía judicial avanza en paralelo
La comisión municipal se celebra mientras la investigación judicial mantiene abierto otro frente. La jueza ha citado como investigadas a 15 personas y ha llamado también a siete testigos en la causa que analiza las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas.
Entre las personas citadas como investigadas figuran la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, funcionarios de la administración local y autonómica, una decena de adjudicatarios y el administrador de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora.
