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jueves, 28 marzo 2024

Trabajadores de Alicante Cumplimiento denuncian que 200 internos comparten duchas por unas obras inacabadas

Han acudido al Defensor del Pueblo para que revise la reforma para separar dos módulos, que se inició tras un motín ocurrido hace tres años

Funcionarios de prisiones han acudido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que compruebe las instalaciones en las que residen 205 internos del centro Penitenciario Alicante Cumplimiento, conocido como Fontcalent. Desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) denuncian que no se han terminado unas obras para separar dos módulos que comenzaron hace tres años, lo que provoca carencias de servicios como una sola zona de duchas o un espacio de aseos “ínfimo”  de uno de los departamentos. Y considera que provoca “un aumento de la inseguridad”.

Las obras para separar ambos módulos se iniciaron poco después de que el 14 de marzo de 2020, un día antes de que el Gobierno decretara el confinamiento en España por la covid-19, se originara un motín cuando corrió el bulo de que había entrado un interno que había dado positivo en coronavirus. Los internos se atrincheraros y prendieron una hoguera en el patio. Según fuentes internas consultadas por Diario de Alicante, casualmente este incidente fue protagonizado por internos de estos dos módulos. Exigían más protección ante el virus que por entonces tenía atemorizado a todo el planeta.

La dirección del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento decidió dividir el departamento en dos para reducir el número de personas con las que un mismo interno tenía contacto. Pero desde TAMPM apuntan a que debido a la urgencia de la situación “se pospuso la realización de las obras necesarias para lograr una real y efectiva separación arquitectónica de los dos nuevos departamentos, compartiendo en realidad las mismas instalaciones”.

Después de tres años no se ha acometido el proyecto de separación real lo que a juicio de los funcionarios provoca una “limitación de los derechos de las personas privadas
de libertad y un aumento de la inseguridad de las mismas y de los trabajadores que prestan sus servicios”. A principios de semana, el sindicato ha reclamado a la dirección del complejo penitenciario que se lleve a cabo la separación arquitectónica.

Asimismo, “buscando el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 25.2 de la Constitución Española que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, TAMPM se ha dirigido por escrito al Defensor del Pueblo “en su función de supervisor de que las condiciones de vida en los centros penitenciarios sean adecuadas”. Solicitan que revise el estado de los módulos afectados del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento. 

Señalan como deficiencias la existencia de una zona de duchas compartidas para los dos módulos y que usan por turnos a lo largo de la jornada. “En épocas de calor veraniego con altas temperaturas, el derecho a unas condiciones mínimas de higiene personal se ve restringido gravemente”, manifiestan.
También se quejan de que no existen suficientes despachos para la atención de los internos residentes en ninguno de los dos módulos por parte de los profesionales de tratamiento del centro, (educadores, juristas, trabajadores sociales) ni por personas del exterior que ayudan en estas funciones; solo unos de los módulos dispone de despacho médico; y uno de los departamentos no dispone de espacio para la peluquería.

En la lista de reformas pendientes uno de los módulos no dispone de espacio de biblioteca ni de escuela, existiendo los mismos solamente en el contiguo. Y el espacio de aseos de uno de los departamentos, para uso de los internos durante las horas que no están en sus celdas es “ínfimo, compuesto solamente por dos habitáculos para ser usados y en la zona resguardada apenas caben diez personas”.

Las características de los módulos para el sindicato TAMPM “atenta contra el derecho de los internos a una condición de vida adecuada, alterando sus opciones a una reeducación y reinserción social, así como a unas condiciones de higiene óptimas”.

La distribución “ilógica de los departamentos” altera la seguridad de la población reclusa y limita el óptimo desarrollo del trabajo por parte de los profesionales penitenciarios, añaden las mismas fuentes. “Sospechamos que en realidad la medida se fundamentó en maquillar las estadísticas y no admitir la existencia de un módulo con más de 200 internos”.ç