La comisión municipal sobre las viviendas protegidas de Les Naus se reúne este viernes sin ninguno de los cinco técnicos llamados a comparecer. Todos ellos han comunicado por escrito que no acudirán, lo que deja el órgano del Ayuntamiento de Alicante prácticamente vaciado de contenido técnico y sin las explicaciones presenciales previstas sobre la tramitación de la promoción investigada en la Playa de San Juan.
Esta segunda sesión queda condicionada por el carácter voluntario de las comparecencias, como ya ocurrió en la primera, el pasado día 14, cuando solamente se presentó uno de los cinco funcionarios convocados. La comisión puede celebrarse, pero no contará con los funcionarios citados para responder sobre distintos aspectos del expediente, desde la concesión de la licencia hasta la gestión tributaria o los datos vinculados al padrón. La ausencia de todos los perfiles técnicos reduce así el margen del órgano municipal para avanzar en el esclarecimiento político y administrativo del caso.
Entre los cinco funcionarios que han comunicado que no asistirán figuran el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, una segunda técnica del área de Urbanismo citada para pronunciarse sobre el expediente de concesión de licencia, la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalía, una técnica adscrita al departamento de Estadística y la arquitecta municipal adjudicataria de una vivienda en Les Naus.
En el caso de esta última arquitecta, su citación tiene especial relevancia dentro del caso. La arquitecta municipal ha sido llamada a declarar como investigada el 5 de junio en el juzgado y es la mujer del técnico de la Dirección Territorial de la Conselleria de Vivienda que visaba los expedientes de los solicitantes de la promoción.
Una comisión sin comparecientes técnicos
La reunión de este viernes repite el patrón de la sesión anterior. El pasado 14 de abril, cinco de los seis técnicos llamados tampoco comparecieron y solo acudió José Luis Ortuño, exjefe del Departamento de Gestión Patrimonial y ya jubilado. En aquella intervención defendió la legalidad de la enajenación de la parcela, aunque reconoció como «extraño» que la cooperativa adjudicataria pudiera preparar la documentación en apenas 24 horas.
La nueva ronda de citaciones no ha corregido esa falta de comparecencias. Algunos técnicos han alegado prudencia ante la posibilidad de tener que declarar en sede judicial, mientras que otros han comunicado directamente que no acudirán al tratarse de una invitación voluntaria. En el caso de E. Ll., se ha alegado una situación de baja por incapacidad temporal.
La comisión se ha constituido para analizar las posibles responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a las viviendas protegidas de Les Naus, una promoción construida sobre suelo municipal en la Playa de San Juan. La controversia estalló al conocerse que entre los adjudicatarios figuraban cargos públicos, técnicos, familiares y personas vinculadas al entorno administrativo o político.
El Ayuntamiento defiende que sus competencias se centraban en la enajenación del suelo y en la licencia urbanística. Sin embargo, la oposición ha reclamado explicaciones sobre el conjunto del expediente y ha cuestionado la gestión municipal de la información relacionada con el caso.
El debate también se ha extendido al acceso a la documentación. Los sindicatos del Ayuntamiento de Alicante han negado haber vetado la entrega de expedientes de Les Naus a los grupos municipales, después de que el alcalde, Luis Barcala, aludiera a la protección de datos como uno de los motivos para no facilitar determinada información. Las organizaciones sindicales defienden que cualquier acceso debe respetar la privacidad y el procedimiento judicial, pero rechazan aparecer como obstáculo a la transparencia.
La vía judicial avanza en paralelo
La comisión municipal se celebra mientras la investigación judicial mantiene abierto otro frente. La jueza ha citado como investigadas a 15 personas y ha llamado también a siete testigos en la causa que analiza las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas.
Entre las personas citadas como investigadas figuran la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, funcionarios de la administración local y autonómica, una decena de adjudicatarios y el administrador de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora.
La comisión ‘en diferido y por fascículos’
Minutos antes de comenzar la sesión, la portavoz socialista Ana Barceló ha criticado que la comisión avance “en diferido y por fascículos” y ha denunciado que los grupos de la oposición todavía no disponen de toda la documentación solicitada.
Barceló ha considerado “gravísimo” que, según ha señalado, Barceló ha considerado “gravísimo” que, según ha denunciado, “se ocultó a los grupos de la oposición” la información relativa a la incomparecencia de las personas citadas.
“No tenemos todavía la documentación que hemos requerido en varios escritos”, ha afirmado, antes de reclamar explicaciones sobre por qué no se ha trasladado esa información a los miembros de la comisión.
La portavoz socialista también ha cuestionado que ningún compareciente acuda a la sesión y ha defendido que la existencia de diligencias judiciales no impide continuar con los trabajos políticos de fiscalización. “No se puede confundir las diligencias que se están llevando a cabo en el juzgado con una comisión que lo que estamos intentando averiguar es cómo ha sido el procedimiento administrativo”, ha señalado.
En esa línea, Barceló ha sostenido que cualquier persona citada puede negarse a responder a una pregunta concreta si entiende que puede afectarle, pero ha rechazado que eso justifique no acudir. “No se puede traducir en no voy a comparecer”, ha advertido.
La edil ha insistido en que la comisión continuará aunque no haya comparecientes y ha asegurado que los grupos expondrán igualmente sus dudas sobre el expediente. “Si ningún técnico quiere venir a explicar las dudas que tenemos es por dos cosas: o porque no sabe cómo explicarlas o porque no quiere explicarlas”, ha afirmado. “Con lo cual las dudas aumentan”, ha añadido.
Barceló ha reprochado además que “el Partido Popular se ha dedicado en las semanas previas a esta comisión a indicar que: ojo a los funcionarios” y que “hay un procedimiento penal”. “¿Y qué tiene que ver? ¿Es que el juzgado ha suspendido esta comisión?”, se ha preguntado.
La portavoz socialista ha cerrado su intervención defendiendo que el respeto a la comisión pasa por acudir a declarar. “No basta decir cuando excusan su comparecencia: con todo el respeto a la comisión. No, el respeto a la comisión es venir a la comisión”, ha concluido.
Vox atribuye las ausencias a la judicialización del caso
Carmen Robledillo, de Vox, ha entendido que los citados no hayan acudido al considerar que el asunto está judicializado. Según ha planteado, alguna acusación popular del procedimiento podría solicitar las actas de la comisión para trasladarlas a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. La edil también ha coincidido con los grupos de la izquierda en reclamar toda la documentación en el soporte más adecuado.
Los cinco funcionarios citados son la arquitecta municipal Elsa Lloret, beneficiaria de uno de los pisos y pareja sentimental del técnico de la Conselleria de Vivienda que tramitó y visó las viviendas; el jefe del servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental; la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalías, Ordenanzas y Convenios; un técnico de Obras Públicas del área de Urbanismo; y una trabajadora de la Concejalía de Estadística.
Ante las ausencias en esta comisión, presidida por el vicealcalde, el popular Manuel Villar, los grupos del PSPV-PSOE, Vox, Compromís y EU-Podem han expresado de viva voz las cuestiones que habrían planteado a los cinco funcionarios.
Pérez-Hickman tampoco comparecerá
Para la próxima sesión, ya ha presentado un escrito en el que informa de que tampoco comparecerá María Pérez-Hickman, cesada como directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y actualmente jefa del servicio de Contratación. Pérez-Hickman es una de las principales figuras en torno a las que ha girado el caso, ya que dos hijos y un sobrino fueron beneficiarios de viviendas en Les Naus.
Antes, todos los grupos, incluido el PP, han acordado estudiar hasta el próximo lunes a las 15.00 horas si aceptan el ofrecimiento de tres de los citados en la anterior sesión y en esta para contestar por escrito a los grupos. Los socialistas ya han avanzado que rechazan esa opción porque, a su juicio, desvirtúa el sentido de la comisión de investigación, donde solo con preguntas y respuestas presenciales pueden aclararse las dudas del caso.
