El Comité de Empresa de Automóviles La Alcoyana ha presentado una queja formal ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio la modificación urgente del contrato de emergencia CE-705 Alacant Metropolitano, con el fin de frenar lo que define como un “envejecimiento crítico” de la flota de autobuses.
Según detalla, la documentación técnica elaborada por el comité, el 74,6% de los vehículos (44 unidades) se encuentra en estado crítico o deficiente, una situación que compromete la seguridad, la calidad del servicio y las condiciones laborales de los 150 conductores adscritos al sistema.
Una antigüedad media que supera la normativa
El comité detalla que el análisis técnico de los 59 vehículos operativos refleja lo que define como “incumplimiento masivo” del estándar de edad fijado por la normativa estatal. Según sostiene el órgano sindical, la flota registra una edad media de 13,87 años, más de tres años por encima del máximo de 10 años establecido en el RD 443/2001, mientras que la edad mediana alcanza los 14,60 años.
A juicio de la representación laboral, esta situación se traduce en que 45 autobuses (76,3%) superan los límites y que 22 unidades (37,3%) se encuentran en lo que el comité considera un estado crítico al rebasar los 16 años de antigüedad. Entre ellos destaca el autobús número 561, que acumula 22,4 años en servicio, una circunstancia que el comité califica de “completamente inaceptable” para un sistema metropolitano de transporte.
Impacto en la seguridad, el servicio y las condiciones laborales
Según denuncia el comité, los vehículos con mayor antigüedad funcionan con sistemas de seguridad obsoletos y presentan una probabilidad elevada de fallos mecánicos, incluidos riesgos por el envejecimiento de los sistemas eléctricos. La representación laboral sostiene que esta situación afecta directamente a los conductores, que trabajan en vehículos con ergonomía limitada, mayor exposición a vibraciones y ruido, climatización insuficiente y averías recurrentes que incrementan el estrés operativo.
En materia de servicio público, el comité afirma que las averías frecuentes provocan cancelaciones, retrasos e incidencias que deterioran la experiencia de los usuarios. También subraya que 44 vehículos circulan con normativas de emisiones desfasadas, generando óxidos de nitrógeno (NOx) entre 5 y 10 veces por encima del estándar Euro 6, partículas entre 10 y 15 veces superiores y 15-25% más CO₂ por kilómetro, pese a superar los 2,29 millones de kilómetros anuales de operación.
Más de una década sin licitación ordinaria
La representación sindical sostiene que esta situación responde a más de 12 años sin un proceso de licitación ordinaria. Tras la última adjudicación completa en 2013-2014, se encadenaron contratos programa hasta 2022 y, posteriormente, los contratos de emergencia CE-702 y CE-705, que expira en agosto de 2026. Según explica el comité, esta modalidad contractual no incluye obligaciones de renovación de la flota, lo que ha permitido el progresivo deterioro sin mecanismos de control.
El comité advierte además de que los plazos de fabricación de autobuses nuevos, estimados entre 1 y 2 años, dificultan cualquier renovación si se espera a la finalización del contrato actual. A juicio de la representación laboral, posponer la decisión trasladaría la entrega de nuevos vehículos a 2027-2028 o incluso 2028-2030, lo que implicaría que algunas unidades superarán los 25 años de servicio.
Petición de medidas inmediatas
En la documentación remitida a la Administración, el comité solicita que las gestiones se tramiten con carácter urgente y plantea un plan de renovación en tres fases: sustitución de 22 vehículos críticos en 0-6 meses, renovación de 22 unidades deficientes en 6-18 meses y un programa de renovación continua a partir de los 18 meses. También pide la retirada inmediata del autobús número 561, medidas de seguridad temporales durante la transición y una auditoría independiente de los costes de mantenimiento.
La representación laboral insiste en que la renovación de la flota debe abordarse por razones de seguridad pública, calidad del servicio y protección de los trabajadores, y no por la naturaleza del contrato vigente. Además, advierte de que, si no se adoptan medidas en un plazo razonable, iniciará acciones en la vía contencioso-administrativa.
