ACTUALIZACIÓN. El exconcejal de Hacienda y Patrimonio de Alicante Antonio Gallego (PP) ha reconocido en Les Corts que supo en julio de 2024 que la entonces edil de Urbanismo Rocío Gómez tenía una vivienda de protección pública en el residencial Les Naus, lo que ha desencadenado nuevas exigencias de dimisión al alcalde Luis Barcala por parte de Compromís y PSPV.
Gallego ha explicado este jueves en su comparecencia ante la comisión de investigación de Les Corts sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus que conoció esta situación instantes antes de un pleno municipal celebrado en julio de 2024.
Según ha relatado, Gómez le pidió poco antes de esa sesión plenaria que respondiera en su lugar a una pregunta sobre el residencial Les Naus. En ese contexto, le comentó que tenía un piso en la promoción y le aseguró que era todo legal porque la adquisición era anterior a su entrada en política.
La comisión de investigación analiza las adjudicaciones de VPP en Les Naus, un residencial construido sobre una parcela municipal enajenada. En este marco, la declaración de Gallego ha cobrado relevancia política en Alicante, ya que apunta a que parte del equipo de gobierno del PP conocía desde 2024 la condición de cooperativista de Gómez.
Reacción de Compromís: petición de dimisión inmediata
Tras conocerse la comparecencia de Gallego, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha reclamado la salida del alcalde.
En un comunicado, Mas ha exigido ‘la dimisión inmediata‘ de Luis Barcala y ha advertido de que, ‘si Barcala no presenta mañana mismo su dimisión, trasladaremos esta petición al próximo pleno’.
El portavoz de Compromís ha sostenido que ‘las informaciones conocidas durante el transcurso de la comisión de investigación en Les Corts sobre las adjudicaciones de VPP en la urbanización Les Naus corroboran que el equipo de gobierno (PP) sabía que Rocío Gómez era cooperativista‘.
Mas ha recordado que ‘esta circunstancia salió a la luz a raíz de una pregunta planteada por Compromís en el pleno de julio de 2024 en la que solicitábamos transparencia sobre el proceso de adjudicación’. A su juicio, lo declarado por Gallego refuerza las sospechas que su grupo ya venía manifestando sobre el conocimiento interno de estas adjudicaciones.
Presión del PSPV para que Barcala dé explicaciones
Paralelamente, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha anunciado nuevas iniciativas para exigir explicaciones al alcalde de Alicante.
Barceló ha detallado que ‘mañana a primera hora registrará un escrito para exigir que el alcalde, Luis Barcala, comparezca en una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina lo ocurrido en Les Naus para dar todas las explicaciones necesarias después de que el exconcejal Toni Gallego haya admitido hoy en Les Corts que sabía desde 2024 que la entonces edil de Urbanismo tenía un piso en Les Naus’.
La portavoz socialista ha señalado que ‘todo hace pensar que Barcala sabía que Rocío Gómez era propietaria y era cooperativista’. En su opinión, ‘por tanto, la hoja de ruta del alcalde para retirar a Gómez las competencias de Patrimonio y poner al frente a Gallego era porque sabía lo que había ocurrido. De hecho, se produjo en julio, justo cuando se produjo ese cambio de competencias’.
Barceló ha añadido que ‘lo que estamos sabiendo confirma lo que ha mantenido siempre el grupo socialista, que el cambio en las competencias de Patrimonio se debió a que Barcala ya tenía conocimiento de que Gómez era cooperativista. Barcala ha estado mintiendo en el pleno y sigue sin dar explicaciones’.
La dirigente del PSPV ha avanzado además las consecuencias políticas que, a su juicio, debería tener la futura comparecencia del alcalde. Ha afirmado que, una vez que se produzca esa declaración, ‘no tendrá otra salida que dimitir’ por el supuesto ‘encubrimiento del escándalo de la adjudicación de pisos a cargos y familiares del PP’.
Las exigencias de Compromís y PSPV se suman así al clima de presión política en Alicante en torno a las VPP de Les Naus, mientras la comisión de Les Corts continúa recabando testimonios para aclarar cómo se han adjudicado estas viviendas protegidas y qué grado de conocimiento tenían los responsables municipales sobre la participación de cargos públicos en la cooperativa.
Este viernes los grupos de PSPV, Compromís y Esquerra Unida-Podem han convocado una rueda de prensa a las 11.00 horas para valorar las últimas novedades sobre Les Naus y fijar su posición conjunta tras la comparecencia de Gallego en Les Corts.
Vox reclama explicaciones al alcalde
Por su parte, desde Vox han señalado que «el hecho de que la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, cinco minutos antes del pleno de julio de 2024 le pidiera al señor Gallego que respondiera a la pregunta relativa a la promoción de Les Naus porque ella no podía hacerlo al ser adjudicataria de una vivienda» pone de manifiesto «un hecho de enorme relevancia política». Por ello, el grupo ha preguntado «quién más lo sabía».
Vox también considera «cuanto menos curioso» que «solo unos días antes de la celebración del pleno de julio de 2024 se produjera un cambio de competencias en Patrimonio» de Gómez a Gallego.
A juicio de la formación, si la versión ofrecida por Gallego «es cierta», resulta «evidente» que Rocío Gómez era «plenamente consciente» de que su condición de adjudicataria comprometía, «al menos desde el punto de vista político y ético», su intervención pública sobre ese expediente. En consecuencia, Vox sostiene que el alcalde «tiene que dar las oportunas explicaciones», porque, según ha advertido, conforme avanzan las comparecencias «surgen más dudas con respecto a este asunto».
El grupo ha exigido que se esclarezca «qué cargos públicos participaron en la gestión de la promoción de Les Naus, quién tomó cada decisión y por qué se actuó de esa manera».
La formación ha defendido que «la confianza en las instituciones exige ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas». Además, ha diferenciado entre las posibles responsabilidades judiciales y las políticas.
En este sentido, Vox ha señalado que «la depuración de responsabilidades penales corresponde exclusivamente a los tribunales». Sin embargo, ha añadido que «las responsabilidades políticas deben exigirse en el ámbito institucional», porque los alicantinos tienen derecho a saber si quienes ocupaban cargos públicos actuaron «con la imparcialidad y la diligencia que su función exigía».
