La exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha llegado este miércoles al Palacio de Justicia de Alicante para declarar como investigada en la causa abierta por la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan.
Gómez, que dimitió tras conocerse el caso, ha accedido a los juzgados a las 9.25 horas y está citada a partir de las 10.00 horas ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. Su comparecencia es una de las más esperadas dentro de una investigación que afecta a 15 personas, entre ellas varios funcionarios y cargos vinculados al procedimiento.
La declaración coincide con la de la exdirectora general municipal de Contratación Pública y actual jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron viviendas en el mismo residencial.
También están citados como investigados el arquitecto municipal Francisco Nieto, el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi, y Roberto Palencia, funcionario de la Generalitat inicialmente apartado tras figurar como adjudicatario de otra vivienda a través de su pareja sentimental, también arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante. Palencia, asimismo, fue el encargado de visar y examinar los expedientes en su condición de jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial autonómica de la Vivienda.
Tres funcionarios declaran como testigos
Antes de las declaraciones como investigados, han sido llamados como testigos tres altos funcionarios municipales que no acudieron a la sesión anterior por un error en la notificación. Se trata de Paloma Romero, jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial; Pablo Torregrosa, técnico de Gestión Patrimonial; y Antonio Faura, arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras.
El caso de Les Naus, calificado como «escándalo» por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha generado una intensa crisis política desde que salió a la luz a finales de enero. La investigación ha provocado dimisiones en el Ayuntamiento y en la administración autonómica, además de la apertura de comisiones de investigación en el consistorio y en Les Corts Valencianes.
La jueza rechaza la personación de la Generalitat
En paralelo, la magistrada ha denegado la personación de la Generalitat Valenciana como acusación particular en la causa. La instructora considera que no ha quedado acreditado que la Administración autonómica haya sufrido un perjuicio patrimonial, personal o institucional directo como consecuencia de los hechos investigados.
El auto señala que la Generalitat invoca «un interés genérico en la persecución del ilícito penal», pero añade que ese interés, «aun legítimo», no basta para ejercer la acusación particular, ya que supondría solapar esa posición con la función que corresponde al Ministerio Fiscal.
La resolución también aprecia un «evidente conflicto de intereses», al considerar que la Generalitat aparece vinculada funcional u orgánicamente a los hechos y personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el ámbito en el que se produjeron.
