sentencia
RSU Orihuela

La Sección Décima de la Audiencia de Alicante ha declarado hoy visto para sentencia el juicio contra 21 antiguos responsables de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente de la entidad Modesto Crespo.

Solo siete de los acusados han querido ejercer el derecho al uso de la última palabra, mayoritariamente para lamentar haberse visto implicados en este proceso y reafirmar su inocencia.

Uno de los exvicepresidentes, Armando Sala, ha recordado que en noviembre de 2009, cuando ocurrieron los hechos, todos los consejeros estaban “temerosos, nerviosos y preocupados” porque el Banco de España “acababa de intervenir Caja Castilla-La Mancha”.

Por su parte, Luis Esteban se ha quejado de que no se haya valorado el tiempo que él y sus compañeros dedicaron a la institución “con ilusión y honor”, mientras que José Forner ha protestado por el daño a su imagen pública a raíz de este caso, por la “basura” que se le ha “tirado encima”, según sus propias palabras.

Tanto éstos como otros antiguos vocales del consejo de administración han insistido en que no dieron su aprobación al importe de las dietas que iba a percibir Crespo como presidente de Tinser Cartera SL, una sociedad participada por la CAM, como su carácter retroactivo, aunque así quedara reflejado en un acta.

El propio Crespo ha reconocido la ilegalidad de esas remuneraciones al ratificar en la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 14 de mayo, un acuerdo previo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones. El expresidente de la caja se declaró entonces culpable de un delito de apropiación indebida agravada y aceptó una pena de nueve meses de prisión, pagar una multa de 9.000 euros y devolver el dinero que había cobrado.

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba inicialmente para él cuatro años de cárcel y una multa de 120.000 euros, la misma condena que sigue pidiendo ahora para el que fuera director general de la CAM, Roberto López Abad, a quien acusa de ser el ideólogo de este fraude.

El fiscal Felipe Briones solicita penas que oscilan entre los dos y los tres años de cárcel y el pago de multas de diverso importe para otros seis procesados. Respecto a los 13 acusados restantes, todos ellos antiguos vocales del consejo de administración, aunque mantiene formalmente la acusación, el fiscal pidió la pasada semana su absolución durante su informe final.

Previamente, la acusación particular y popular, que ejerce el abogado Diego de Ramón, había retirado directamente los cargos para esos mismos exconsejeros. Crespo percibió 600.000 euros brutos entre 2009 y 2011 en dietas por ejercer la presidencia en Tinser, pese a que su dedicación en dicha sociedad “fue inexistente” y la derivada de presidir la propia caja era “gratuita por disposición legal”, según Anticorrupción.

Al término de la vista, la Plataforma CAM, que agrupa a afectados por las presuntas irregularidades detectadas en la entidad, ha emitido un comunicado de prensa el que destaca la confesión de Crespo y rebate la versión autoexculpatoria de López Abad.

“Sigue insistiendo en que era todo legal, cuando 14 consejeros dicen que se les ocultó información relevante y que las actas no respondían a la realidad”, señala el colectivo. La Plataforma CAM también recuerda que mañana comienza el juicio por la venta de preferentes de esta caja, hechos por los que López Abad y otra exdirectora general, María Dolores Amorós, se enfrentan a peticiones de pena de 10 años de prisión.

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