Entidades cívicas y sindicatos en defensa del valenciano presentaron ayer, Dia dels Drets Lingüístics, un informe anual que recoge más de cien denuncias de vulneraciones en este ámbito registradas a lo largo de 2021, frente a las 14 que se notificaron en 2020 (un marcado por la pandemia), un aumento del 629 por ciento.
Las organizaciones, con motivo de esta fecha, se concentraron a las puertas de las Corts para reclamar al Consell una Ley de Igualdad Lingüística que «ampare el derecho de los valencianohablantes a expresarse en valenciano» y entregaron el informe al presidente del parlamento valenciano, Enric Morera, para que lo traslade a los grupos políticos.
El Informe de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2021 recoge las denuncias de la ciudadanía y diferentes asociaciones y es fruto de la colaboración de Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, Sepcv, Stepv, Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Fampa-València, Platadorma pel Dret a Decuidir, Societat Coral el Micalet y la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV).
El presidente de Escola Valenciana, Natxo Badenes, explicó, en declaraciones a los medios, que se había «constatado un aumento de reclamaciones y denuncias por vulneraciones de derechos lingüísticos comparado al año pasado», cuando se registraron 14 denuncias, aunque ha puntualizado que los datos de 2020 estuvieron marcados por la pandemia del coronavirus.
En ese sentido, calificó, por un lado, la vertiente «mala» de estas cifras que es el aumento de quejas, y por otro, la «positiva», que es «que los valencianos han perdido el miedo y cada vez están más decididos a denunciar las vulneraciones».
La mayoría de las denuncias, detalló se producen en el ámbito de la Administración pública, donde destacan las reclamaciones sobre las Fuerzas de Seguridad «que no quieren atender en valenciano».
El informe recoge, en concreto, casos como el de un guardia civil que «impidió a una vecina de Vinaròs comunicarse en valenciano» y agentes de la Policía Nacional del distrito València centro que «no quieren tramitar una denuncia de un ciudadano valencianoparlante y le obligan a expresarse en castellano para realizarla» y «no renuevan a un ciudadano el DNI si o se expresa en castellano».
