En medio de la cuarentena y al tiempo que se alargan las semanas de confinamiento, el fin del periodo lectivo se acerca y con este, las pruebas para completar la formación académica. Los estudiantes se enfrentan a la incógnita de cómo finalizar su formación pero las respuestas no parecen llegar de forma clara.
Estos días pasado leíamos noticias de algunos países europeos que presentaban opciones como el aprobado general, acompañado de unas pruebas de acceso universitario telemáticas -consistentes en un examen de una hora de duración por teleconferencia- como era el caso de Italia. En España, a falta de una respuesta unánime por parte del Ministerio de Educación, la Universidad Católica de Valencia se ha pronunciado, dando por concluidas las clases presenciales, que continuarán en lo que ellos llaman modalidad no presencial -diferenciándola expresamente de la online- y priorizando exámenes finales presenciales, que mantendrían las fechas establecidas por el plan de estudios en un primer momento. “Nuestra voluntad es que los exámenes se puedan realizar de manera presencial. No obstante, estamos preparados y podemos garantizar plenamente ambos sistemas, presencial y de evaluación en línea, así como la evaluación continua” indicaba José Manuel Pagán, rector de la UCV.
En un comunicado realizado por la universidad, José Manuel Pagán hace hincapié en “la modalidad no presencial”, insistiendo en que “el objetivo prioritario para la UCV ha sido asegurar que estamos formalmente en formación telepresencial, no en formación online, sino que los alumnos están continuando la formación, sin rebajar los objetivos planteados, con un grado de implicación y seguimiento de los docentes, y debo decir, también de los alumnos, igual a la modalidad presencial, y atendiendo incluso las necesidades individuales de cada alumno”.
Resulta llamativo que se insista en diferenciar ambas modalidades –telepresencial y online- siendo que a muchos nos suenan a la misma situación, aunque más curioso resulta esta ferviente preferencia por mantener “las fechas establecidas por el plan de estudios” insistiendo en la realización presencial de los exámenes cuando todavía no existe una directiva ministerial ante la situación, así pues, no resulta descabellado preguntarse ¿por qué?
La “implicación” de los alumnos
Qui paga, mana, un dicho de nuestra tierra y que parece ser desacertado en este caso, pues aun pagando de media 5000€ por curso –llegando a superar los 9000€ los grados de ciencias de la salud- y a pesar de la afirmación de José Manual Pagán, los alumnos no parecen notar la recalcada diferencia entre una enseñanza telepresencial y una online. Prueba de esto sería la aparición de un change.org solicitando una reducción en las tasas de la UCV en la plataforma online. Esta petición, iniciativa del alumnado que podéis comprobar aquí, se sustentaba en la alteración del normal desarrollo de las actividades académicas por las que pagan, así como una disminución en la calidad de la enseñanza, la reducción de servicios que ha sufrido el alumnado de la institución o la imposibilidad de realizar prácticas, consecuencias directas de la abrupta adopción de un programa de formación online, derivado de la cuarentena por el coronavirus.
Ante esta reclamación del ajuste de tasas elevada por los alumnos, la universidad no se ha pronunciado, continuando con el cobro regular de las tasas, según han informado alumnos de la institución académica a este medio. Tampoco se han establecido plazos en los que realizar las prácticas presenciales, que son uno de los complementos que más incrementan el precio de la docencia y su mayor reclamo. Además, los grados de ciencias de la salud quedan pendientes de realizar prácticas hospitalarias -en el caso de Medicina, Enfermería, Podología, Fisioterapia o Logopedia- o la clínica veterinaria –como es el caso de Veterinaria- que son unos recursos esenciales para el correcto aprendizaje de sus materias.
Ha día de hoy, y habiéndose aplazado el estado de alarma hasta el 26 de abril, los alumnos de la UCV indicaban a este medio que desconocían la manera en que la universidad pretende permitirles finalizar sus prácticas, sin saber si tendrán que realizarlas durante el periodo estival o, en el caso más extremo, durante el curso siguiente, solapándose con el nuevo ciclo académico, o impidiendo –en caso de los que están en el último año de su formación- la matriculación en estudios de Postgrado (Masters) o la inserción en el mundo laboral.
Por otro lado, servicios como el de préstamo de libros u ordenadores de la biblioteca quedan cancelados, complicando la preparación de las pruebas finales que siguen en pie y programadas para las mismas fechas, cosa que afectará a la preparación de los alumnos de cara a los resultados finales, que en caso de suspender, tendrán que volver a pagar las tasas un año más.
