La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado parcialmente nula la moratoria que ha frenado la tramitación y concesión de licencias para nuevos hoteles en el ámbito del plan especial del Cabanyal-Canyamelar, en València, al considerar que la medida carece de base suficiente y vulnera la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
Esa suspensión de licencias se apoyaba en un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de València de 28 de enero de 2025. El consistorio argumentó entonces un notable aumento de solicitudes de licencias vinculadas al alojamiento turístico en el barrio. Según los datos municipales aportados al procedimiento, en 2024 las licencias de actividad ligadas a este uso crecieron un 300 %, las licencias urbanísticas un 227 % y los informes de compatibilidad urbanística un 256 %.
Sin embargo, la sentencia, difundida este lunes por el grupo municipal de Compromís, ha precisado que en ese año solo se ha presentado una solicitud de licencia urbanística para un hotel, con 78 plazas. El tribunal ha subrayado que el incremento descrito por el Ayuntamiento no se refiere a hoteles, sino, en su caso, a viviendas de uso turístico.
Para la Sala, esa única solicitud hotelera no justifica por sí sola una presión turística capaz de deteriorar el entorno urbano del Cabanyal-Canyamelar. La resolución sostiene que tampoco se acredita un perjuicio al disfrute del derecho a la vivienda de los residentes del ámbito del plan especial. Por tanto, entiende que la inclusión del barrio en la moratoria para hoteles carece de una motivación suficiente.
Además, el TSJCV ha concluido que el acuerdo del pleno de València de 28 de enero de 2025 es nulo de pleno derecho. A su juicio, vulnera el artículo 5 de la Ley 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado, que protege la libertad de establecimiento y evita restricciones desproporcionadas a la actividad económica. Pese a ello, la sentencia no es firme y admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.
Alerta de impacto económico para el Ayuntamiento
Tras conocerse el fallo, Compromís per València ha advertido en un comunicado del riesgo económico que se abre para las arcas municipales. Según destaca, la sentencia reconoce que los promotores afectados por la moratoria pueden exigir ahora que se reanuden los expedientes paralizados o reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Para la coalición, esta posibilidad implica que el coste de una decisión política podría acabar asumiéndose con fondos públicos. En palabras de la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ‘no es un riesgo menor ni aislado‘. Robles ha recordado que es ‘la segunda vez en dos años que los tribunales tumban una moratoria turística aprobada por el gobierno de María José Catalá: en abril ya cayó parcialmente la de mayo de 2024, y ahora la del Cabanyal, ambas por considerarlas desproporcionadas o mal fundamentadas técnicamente’.
Compromís ha señalado que este patrón de sentencias no responde a una casualidad. A su juicio, es ‘consecuencia de una manera de legislar que no resiste el control judicial y que traslada el coste del error a las cuentas municipales’. La formación ha puesto el foco en que cada revés judicial puede traducirse en futuras reclamaciones económicas de los operadores privados.
Por ello, Compromís per València ha reclamado al gobierno local que detalle con urgencia el alcance real de la moratoria anulada. En concreto, ha pedido que se haga público cuántos expedientes hoteleros quedaron bloqueados por la suspensión, cuántos promotores han mostrado ya intención de reclamar y qué estimación manejan los servicios jurídicos sobre el posible impacto económico. La coalición sostiene que esa información es clave para que la ciudadanía conozca las consecuencias de la política turística municipal en barrios como el Cabanyal-Canyamelar.
