Las movilizaciones desarrolladas en Alicante por el caso Maricarmen han impulsado la creación del Sindicato de Inquilinas de Alicante, una nueva organización formada por inquilinas y activistas que comienza ahora a desarrollar su estructura. El colectivo asegura que nace para «defender el derecho a la vivienda y plantar cara a los abusos de los rentistas».
La organización tiene previsto integrarse en la misma red estatal en la que participan el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicat de Llogateres de València. Al mismo tiempo, ha abierto un proceso para incorporar nuevos miembros y ampliar su presencia en la provincia.
El sindicato vincula su nacimiento con la situación del mercado del alquiler en Alicante. El colectivo sostiene que «los alquileres absorben cada vez una parte mayor de los salarios» y afirma que «miles de familias viven amenazadas por el desahucio». También asegura que Alicante se encuentra entre las ciudades españolas con mayor número de desahucios y denuncia el papel de los fondos de inversión y grandes propietarios en el mercado de la vivienda.
La organización surge especialmente a raíz de las protestas por el caso Maricarmen. «Nos organizamos para que casos como el de Maricarmen no vuelvan a pasar», señala el colectivo.
Entre sus principales reivindicaciones, el sindicato plantea «bajar los precios de los alquileres, conseguir contratos indefinidos, evitar todos los desahucios sin alternativa habitacional y expulsar a los fondos buitre y a los grandes rentistas de Alicante». Asimismo, defiende que su objetivo es «acabar con el negocio de la vivienda y ponerla al servicio de las personas que la habitan».
El Sindicato de Inquilinas de Alicante ya ha comenzado a mantener reuniones para configurar su estructura interna. Sus integrantes también están en contacto con diferentes organizaciones de la ciudad con el objetivo, según explican, de conocer sus experiencias y herramientas de actuación.
El colectivo pretende que su actividad no se limite a la capital alicantina. Su intención es extenderse a otros municipios donde considera que existen problemas relacionados con el mercado del alquiler, entre ellos Benidorm, Torrevieja, Villajoyosa, Orihuela y Elche.
La organización asegura que ya mantiene conversaciones con inquilinas de algunos de estos municipios. El objetivo es estudiar su incorporación al sindicato o la creación de nuevos núcleos locales.
El proceso de incorporación de miembros permanece abierto a personas interesadas en participar en la organización y en sus actuaciones relacionadas con el derecho a la vivienda. El nuevo sindicato resume su planteamiento con dos mensajes: «Ninguna inquilina debe enfrentarse sola a un desahucio» y «la vivienda es un derecho, no un negocio».
