Aunque el Real Decreto del Estado de Alarma permite la alimentación de colonias felinas por personas acreditadas por los ayuntamientos, la realidad es que, en la práctica, diversas asociaciones y activistas por los derechos de los animales indicaban que estaban siendo amenazadas, incluso sancionadas por agentes de la policía local.
Denuncia de animalistas a ayuntamientos
El principal problema radica en que algunos ayuntamientos tienen marcada en su ordenanza la prohibición de alimentar colonias felinas y otros han anunciado bandos que impiden dicha actividad solidaria por considerar que incumple el confinamiento.
Ante tales hechos, los diversos colectivos animalistas denunciaron esta situación ante los medios de comunicación y ante algunos partidos políticos, ya que, como es lógico, si dejaban de alimentar a los felinos corrían grave riesgo de morir de hambre. Además, muchos de ellos reciben medicación a diario por diversas patologías.
Medidas cautelares del Juzgado
Hemos hablado con María Girona, abogada experta en derecho animal, quien, recientemente ha conseguido, en tan solo 24 horas, unas medidas cautelares, a través de un juzgado de Alicante, que permiten la alimentación de colonias felinas en el término municipal de Villajoyosa.
Girona que, además, es presidenta de FADAN (Federación de Asociaciones de Derecho Animal) y de la Sección de Derechos de Animales del Colegio de Abogados de Madrid, explica que “esta medida cautelar sienta precedentes en materia de protección animal en España”.
La asociación CES Gatos Villajoyosa se puso en contacto con la abogada ante la imposibilidad de seguir alimentando las colonias de la localidad bajo amenaza de sanción económica. Girona presentó denuncia en juzgado y ganó y, gracias a esta victoria, se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento y la asociación mientras dure el Estado de Alarma.
“Si un ayuntamiento no controla y alimenta a las colonias felinas, jurídicamente no puede prohibir a otras personas que lo hagan. Y debe facilitar esas acreditaciones”
María GIRONA
Sin embargo, a día de hoy, CES Gatos Villajoyosa denuncia en sus redes sociales que el Ayuntamiento aún no ha acatado el auto del juzgado y afirman que los “gatos están muriendo y siendo recogidos como basura”, tal y como muestran en el siguiente vídeo.
Girona además explica que las directrices marcadas por la Dirección General de Bienestar Animal durante el Estado de Alarma, suponen un gran avance, puesto que, de alguna manera, “el Gobierno está permitiendo que personas voluntarias hagan lo que tendrían que hacer los Ayuntamientos, por lo que se está dejando claro que no lo están haciendo”. De ahí que afirme que vayan a seguir pidiendo medidas cautelares aunque tengan que hacerlo ayuntamiento por ayuntamiento, apoyándose en el artículo 47 de la Ley 39/2015, ya que los organismos locales no tienen competencias para restringir los derechos establecidos en un Real Decreto.
Las diversas asociaciones o alimentadores de colonias felinas pueden descargarse en la página de la Asociación Apadevi, que colabora con FADAN, el modelo de solicitud que han de presentar en el Ayuntamiento para conseguir las acreditaciones
Control paseo de perros
Respecto a los bandos de algunos gobiernos locales en materia de alimentación felina y control de tiempo y duración de paseos de perros, asegura que “una ordenanza o un bando no puede ir en contra de un Real Decreto” e insiste en que las personas que sean sancionadas por alguno de esos dos motivos se pongan en contacto con FADAN para recurrir las multas.
“Vamos a pedir la nulidad de cualquier disposición que contravenga al Real Decreto, porque todos los ayuntamientos tienen que acatarlo”
María girona
Posible delito de prevaricación
Girona aún va un paso más y asegura que si los gobiernos locales siguen en su empeño de sancionar tanto a personas que alimenten colonias acreditadas y cumpliendo las medidas preventivas, así como a personas que paseen a sus perros, podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación. De hecho, ya han solicitado a los ayuntamientos que dejen de sancionar por esos dos motivos, pues no son el organismo competente.
“El Real Decreto permite la alimentación de colonias y no especifica tiempo y distancia máxima de los paseos con perros”, recuerda la abogada.
Como ya habido personas que declaran haber sido sancionadas por ambas acciones, Girona las anima a “tomar acciones contra los consistorios. E incluso contra los agentes de policía local por abuso de autoridad”.
Y, además, aconseja a las personas responsables de perros que cuando salgan a pasear se lleven el móvil. Así si un agente los para y les sanciona supuestamente por estar muy lejos de su casa, puedan captar su ubicación en ese mismo momento y mandársela a alguien para que quede constancia que no era así. E insiste en que “el Real Decreto no marca distancia máxima”, aunque, evidentemente, se apela al sentido común de la gente.
Girona, actualmente, es la cabeza de lista del nuevo partido político Por Todos, cuyo programa apuesta por la lucha por los derechos de los animales, dentro de sus principales premisas.