La Generalitat ha confirmado a las asociaciones de afectados por los deslindes de la costa de Dénia que recurrirá la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno central. Lo hará por la vía administrativa, política y judicial a partir del próximo mes de septiembre, al considerar que la reforma pone en riesgo la seguridad jurídica de miles de viviendas y actividades económicas en el litoral valenciano.
El anuncio lo ha realizado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante una reunión con representantes de las principales asociaciones vecinales afectadas en Dénia. En el encuentro también han participado el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y la comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font.
Más recursos contra los nuevos deslindes
Según ha trasladado Martínez Mus, el Consell presentará en septiembre un recurso específico contra la modificación del Reglamento General de Costas. Este paso se suma a los recursos que la Generalitat mantiene ya contra los tres expedientes de deslinde promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que afectan a distintos tramos del litoral de Dénia.
El vicepresidente tercero ha recordado a los asistentes que la Generalitat ha mantenido su oposición a estos deslindes durante toda la tramitación administrativa. Ha insistido en que el objetivo del Consell es acompañar a los vecinos afectados en todo el proceso y utilizar todas las herramientas disponibles para defender sus intereses.
Martínez Mus ha asegurado que ‘la Generalitat ha estado y seguirá estando al lado de los afectados desde el primer momento y defenderá sus intereses con todos los instrumentos a su alcance’. Además, ha explicado que el Gobierno valenciano ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal antes de su aprobación definitiva.
El conseller ha advertido de que, una vez aprobada en firme la reforma del reglamento, ‘acudiremos a todas las vías posibles, administrativas, políticas y judiciales, para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana’. Con ello ha querido dejar claro que la estrategia del Consell no se limita al plano técnico, sino que también incluirá iniciativas políticas.
Durante la reunión se ha analizado de forma detallada la situación de los expedientes de deslinde que afectan al término municipal de Dénia. Los representantes vecinales han podido exponer sus reivindicaciones y trasladar el impacto que las decisiones sobre el dominio público marítimo-terrestre tienen sobre sus propiedades y su futuro.
Críticas al nuevo criterio basado en un solo temporal
Uno de los principales motivos de rechazo de la Generalitat a la reforma estatal es el cambio de criterio técnico para fijar los deslindes. Según ha explicado Martínez Mus, la principal novedad consiste en permitir que un único temporal excepcional sirva como referencia para determinar de forma permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre.
Hasta ahora, el reglamento se apoyaba en criterios técnicos consolidados durante décadas, basados en series históricas y en la observación prolongada del comportamiento del mar y de la línea de costa. La Generalitat considera que sustituir ese sistema por otro apoyado en un episodio aislado ‘genera una grave inseguridad jurídica, incrementa la discrecionalidad administrativa y puede afectar a miles de propietarios en todo el litoral valenciano’.
Según la nota de prensa del Consell, la reforma ‘introduce cambios de enorme trascendencia sin las suficientes garantías técnicas y jurídicas’. Ese enfoque, a juicio del Ejecutivo autonómico, deja a muchos propietarios en situación de incertidumbre permanente, sin un marco estable sobre el que planificar inversiones o actuaciones en sus viviendas y negocios.
Martínez Mus ha subrayado que la Generalitat comparte la preocupación de los afectados por el alcance de estas decisiones. Ha recordado que los deslindes y su eventual revisión influyen sobre miles de viviendas, parcelas y actividades económicas ligadas al turismo y a otros sectores del litoral.
El conseller ha defendido que ‘la protección de la costa es un objetivo irrenunciable, pero debe ser compatible con la seguridad jurídica, con los derechos de los ciudadanos y con el desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros’. A su juicio, cualquier intervención sobre el dominio público marítimo-terrestre debe apoyarse en criterios técnicos rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo.
En esta línea, ha advertido: ‘No podemos generar incertidumbre permanente entre los vecinos mediante decisiones que afectan a sus propiedades y a su futuro sin ofrecer las máximas garantías técnicas y jurídicas’. Por ello, la Generalitat propone que la gestión del litoral se base en criterios científicos consolidados y en un equilibrio real entre protección ambiental y derechos ciudadanos.
Reivindicación de inversiones contra la regresión costera
Además de cuestionar el nuevo reglamento, Martínez Mus ha aprovechado el encuentro para reclamar al Gobierno de España actuaciones efectivas contra la regresión costera. Ha recordado que dos de los cinco tramos más afectados de toda España se encuentran en la Comunitat Valenciana, concretamente entre Castellón y Sagunto y entre Valencia y Dénia.
El vicepresidente tercero ha señalado que la protección del litoral no puede limitarse a ampliar los deslindes o a endurecer las condiciones sobre las propiedades cercanas al mar. Ha defendido que estas medidas deben ir acompañadas de inversiones y proyectos de regeneración que permitan preservar la costa a medio y largo plazo.
Entre las alternativas que la Generalitat ha trasladado a las asociaciones vecinales figuran precisamente esas actuaciones de regeneración y protección física de la costa. Se plantea reforzar la defensa frente a temporales con soluciones basadas en el conocimiento científico, de forma que la línea de costa gane estabilidad sin trasladar toda la carga a los propietarios particulares.
Martínez Mus ha reiterado la voluntad del Consell de seguir colaborando con los afectados y de mantener un diálogo estable con las asociaciones de Dénia y del resto del litoral valenciano. Ha defendido un modelo de gestión litoral que combine ‘la protección ambiental con la seguridad jurídica, la proporcionalidad, el rigor técnico y el respeto a los derechos de los ciudadanos’.
Con estos compromisos, el Gobierno valenciano busca ofrecer un horizonte más previsible para las familias y las actividades económicas situadas junto al mar. La Generalitat pretende que cualquier cambio normativo o nuevo deslinde se apoye en estudios sólidos y en procesos transparentes que permitan a los vecinos conocer con antelación las consecuencias sobre sus propiedades.
