El Pleno del Consell ha ratificado el informe sobre el desarrollo legislativo en materia de costas y sobre las actuaciones previstas en la Ley 3/2025, de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España contra determinados preceptos de la norma.
El informe destaca que la Comunitat Valenciana ha impulsado por primera vez una regulación integral para la protección, ordenación y gestión del litoral. Según defiende el Consell, este marco normativo pretende compatibilizar la protección ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de los municipios costeros.
Entre los principales instrumentos en desarrollo figuran el Plan de Ordenación Costera, el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana, la regulación de los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico y la futura Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Litoral.
Regresión costera y cambio climático
El Consell subraya la necesidad de que el litoral valenciano cuente con políticas específicas de financiación e inversión. En concreto, reclama actuaciones estatales destinadas a afrontar la regresión costera, la adaptación al cambio climático y la protección de los núcleos tradicionales situados en la costa.
Según plantea el informe, la gestión del litoral debe atender a las particularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas de la Comunitat Valenciana. La Generalitat defiende un modelo de gobernanza basado en la proximidad administrativa, la cooperación institucional y la adaptación a las necesidades específicas del territorio.
El texto también recoge las actuaciones impulsadas por la Generalitat en defensa de sus competencias. Entre ellas se incluye la presentación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional y las gestiones para solicitar el traspaso de funciones y servicios relacionados con la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
Diálogo y reparto competencial
El Consell insta al Gobierno de España a respetar plenamente las competencias asumidas por la Generalitat en materia de ordenación del territorio y litoral. Asimismo, pide retirar aquellas iniciativas que, según sostiene, puedan limitar el desarrollo del marco normativo valenciano.
La Generalitat también solicita que el traspaso de funciones y servicios vinculados al dominio público marítimo-terrestre se materialice de manera efectiva y sin mecanismos que menoscaben su autonomía de gestión.
Además, el informe plantea un nuevo modelo de gobernanza litoral basado en la cooperación entre administraciones y en el reconocimiento del papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos costeros en la planificación de la costa.
Por último, el Consell pide paralizar la reforma del Reglamento General de Costas y abrir un proceso de diálogo y cogobernanza con las comunidades autónomas. Según defiende, este proceso debe garantizar la seguridad jurídica, el respeto al reparto competencial y una protección equilibrada del litoral valenciano.
