La Comunitat Valenciana se ha sumado a la petición conjunta de ocho comunidades autónomas con litoral para exigir al Gobierno de España que paralice de forma inmediata la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Compatibilidad de las Estrategias Marinas.
La reclamación se ha acordado tras una reunión de trabajo celebrada en Barcelona, donde la Generalitat y los gobiernos de Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Illes Balears y Canarias han coincidido en la necesidad de suspender ambos procesos normativos. Las autonomías defienden que una reforma de este alcance debe abordarse desde el diálogo institucional y con participación efectiva de los territorios afectados.
Las comunidades reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que detenga la tramitación hasta que pueda abrirse un proceso de consenso. También piden la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Costas, presidida por la ministra, y una reunión técnica previa entre los directores generales competentes.
Las autonomías piden diálogo antes de reformar Costas
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha advertido de que «la práctica totalidad de las comunidades autónomas compartimos la preocupación por la ausencia de consenso institucional en torno a una reforma que afecta directamente a competencias autonómicas, actividades económicas y a la gestión del litoral».
García Manzana ha insistido en que «no existe en estos momentos la necesaria paz jurídica para acometer modificaciones de esta trascendencia sin un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre administraciones».
Desde la Generalitat sostienen que la reforma debe respetar el reparto competencial y garantizar la intervención de las comunidades litorales. En este sentido, García Manzana ha defendido que «cualquier modificación de la normativa estatal de costas debe sustentarse sobre los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación efectiva de los territorios afectados y respeto al marco constitucional y estatutario de distribución de competencias».
El responsable autonómico ha añadido que «las transformaciones regulatorias del litoral deben realizarse desde el consenso y no desde la imposición unilateral, garantizando la protección ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de las actividades vinculadas al mar».
Recurso contra la norma si sigue adelante
La posición conjunta de las comunidades llega ante la previsión de que el Ministerio apruebe el nuevo Reglamento General de Costas antes del 31 de julio. Si la norma sale adelante en esos términos, las autonomías han acordado interponer un recurso contencioso-administrativo y pedir como medida cautelar la suspensión de su entrada en vigor.
El acuerdo reúne a gobiernos autonómicos de distinto signo político y refuerza, según defienden las administraciones participantes, la necesidad de un marco regulatorio estable para el litoral. Las comunidades consideran que la gestión de la costa exige seguridad jurídica, coordinación institucional y una normativa adaptada a la realidad de los territorios costeros.
Durante el encuentro de Barcelona, las autonomías también han planteado una revisión del actual modelo de gestión del litoral. Entre las prioridades figura la simplificación de los trámites administrativos, especialmente en las autorizaciones temporales relacionadas con actividades y servicios de temporada.
Financiación y gestión del dominio público marítimo-terrestre
Las comunidades han pedido reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones y abrir un debate sobre la financiación de la gestión del dominio público marítimo-terrestre. El objetivo es que las autonomías dispongan de más recursos para conservar y proteger sus zonas costeras.
Entre las propuestas trasladadas figura que el canon de ocupación revierta en las comunidades autónomas. Según plantean, esta fórmula permitiría fortalecer las actuaciones de gestión, preservación y protección del litoral.
